Intervenciones Parlamentarias de Jorge Fernández

miércoles, 28 de febrero de 2007

Iniciativa Popular para la Modificación del Código Civil en materia de matrimonio y adopción.

PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 27 de febrero de 2007

Señor Presidente, Señorías:
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para consumir un turno a favor de la admisión a trámite de la Proposición de Ley por la que se pretende modificar el Código Civil en materia de matrimonio y adopción.
Y lo hago comenzando por saludar muy cordialmente a los representantes de la Comisión Promotora de la Iniciativa, en particular al Foro Español de la Familia, por el esfuerzo que significa recoger –con las estrictas exigencias que la ley establece para estos supuestos-, los apoyos legalmente necesarios para poder hoy debatir esta iniciativa y que, en todo caso, han sido ampliamente superados, llegando, al parecer, hasta el millón y medio los ciudadanos que de forma personal, autenticada, certificada, dan su respaldo político y democrático a esta iniciativa.
En unos tiempos como los actuales, de descriptibles y preocupantes participaciones electorales, incluso en referendums –fórmula por antonomasia de participación directa del cuerpo electoral-, el apoyo que trae esta iniciativa resulta, si cabe, aún más significativo. Por todo ello, insisto, nuestro saludo, nuestra bienvenida y, por su coraje cívico y democrático, nuestro reconocimiento y respeto.
Esta iniciativa trae causa, como sabemos, de la ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia del derecho a contraer matrimonio. Mediante el sencillo expediente de cambiar por las buenas el redactado inequívoco de unas cuantas palabras –con sólo dos líneas de una ley ordinaria-, el legislador alteró los elementos definitorios básicos de una institución fundamental en nuestra estructura social, así como todo el conjunto normativo construido durante siglos alrededor de la misma.
Conjunto normativo que tiene hoy, además, su cabecera en el artículo 32 de la Constitución.
Señorías:
Nuestro Grupo Parlamentario se opuso, en esta Cámara, a esa pretensión, al igual que en el Senado, que la vetó. Nuestro Grupo interpuso recurso de inconstitucionalidad y nuestro Partido de sumó a la manifestación –que resultó masiva-, que el 18 de junio de 2005 convocó el Foro de la Familia y otras instituciones, en defensa del matrimonio y la familia.
Por otra parte, en nuestro programa electoral no se contemplaba, en absoluto, sino todo lo contrario, una modificación de este tipo. Es decir, que nuestra posición política ha sido inequívoca al respecto en todo momento.
Con todos estos precedentes, que por ser públicos son de todos conocidos, no creo que deba extenderme más en explicar porque nuestro Grupo se manifiesta a favor de admitir a trámite esta iniciativa.
Y ello, porque como decimos en el Recurso ante el Tribunal Constitucional: Pocas instituciones hay en la historia de la humanidad con la tradición, la solidez y la importancia social del matrimonio.
La historia del Derecho civil evidencia que la institución del matrimonio ha concitado amplios debates sobre aspectos relevantes de su configuración jurídica, como las clases de matrimonio –civil, religioso o mixto-, su naturaleza –contractual, sacramental, negocial o institucional-, o la regulación de las causas de separación y disolución, pero nunca hasta ahora se ha planteado que la institución del matrimonio pudiera dar cabida a las uniones constituidas por personas del mismo sexo.
La Exposición de motivos de la iniciativa afirma que con esta reforma no se prohíbe nada, ni se va contra nadie. Al contrario, se pretende que el nuevo pluralismo social en materia de formas de convivencia se potencie sin ir en detrimento de lo ya probado como justo y eficaz –el matrimonio entre hombre y mujer-.
Así mismo, se favorece reforzar legalmente la adopción como institución diseñada no para dar un hijo a uno o más adultos, sinó para dar a un menor la protección que necesita.
Estas ideas han impulsado la actuación de nuestro Partido y Grupo Parlamentario a lo largo de todo este debate social, político, jurídico y parlamentario.
Nuestra posición no va contra nadie… Hubiera sido muy fácil obtener un consenso total en esta Cámara en torno a una legislación específica para regular las parejas de hecho si hubiera existido esa voluntad en el señor Zapatero. Pero no la ha habido en ningún momento. Todo lo contrario. Con el parecer contrario del máximo órgano consultivo del Gobierno –el Consejo de Estado-, del órgano de Gobierno del Poder Judicial, de la Comisión General de Codificación, de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, de la Real Academia de la Lengua y con el veto del Senado, y provocando una división social sin precedentes, la institución matrimonial y el sistema normativo que más directamente se refiere al matrimonio y a la familia, que a su vez se apoya en conceptos jurídicos no menos seculares como el de padre y madre, marido y mujer, esposo y esposa, han dejado de ser lo que han sido siempre… hasta que llegó el señor ZP
Sin duda, para debatir la iniciativa que ahora nos ocupa, es del todo necesario acudir al informe del Consejo de Estado, considerado, siempre, como una institución independiente y rigurosa.
El Consejo de Estado afirma –en lo esencial, siguiendo al Tribunal Constitucional-, que:
1.- Existe un derecho constitucional al matrimonio entre hombre y mujer.
2.- No existe un derecho constitucional a la unión de personas del mismo sexo.
3.- Cabe una extensión de efectos matrimoniales a las uniones homosexuales.
4.- No es discriminatorio dejar de regular un matrimonio entre personas del mismo sexo, ni desde la perspectiva de la Constitución ni desde las Declaraciones Internacionales de Derechos.
No se trata de perjudicar a nadie, Señorías, pero es evidente que con la reforma del matrimonio del Sr. Zapatero se está discriminando al matrimonio entre hombre y mujer, aunque se trate simplemente de una discriminación "por omisión". Lo que esta iniciativa pretende es fortalecer lo que hasta la nueva ley se había entendido como institución del matrimonio, favorecer a las parejas heterosexuales, sin perjudicar a ningún otro tipo de fórmula de convivencia.
Y, por otro lado, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tener en cuanta el interés superior del menor a la hora de prever su entrega en adopción a una familia.
Señorías:
"La Nación es un concepto jurídico discutido y discutible". El matrimonio parece que también, por lo menos para el señor Rodríguez Zapatero. La nación o el matrimonio, como realidades, como instituciones…¿son de derechas o de izquierdas?.
No me resisto volver a recordarles, a estos efectos, un argumento de autoridad política, que no procede precisamente de nuestro campo ideológico. Me estoy refiriendo, como sin duda muchos de sus señorías pensarán, a Lionel Jospin para poner de manifiesto que este debate no puede ni debe ser ideológico o de partido.
Decía Jospin que no debe desatenderse el sentido y la importancia de las instituciones
"La institución matrimonial, como otras instituciones –el Estado, la escuela, las iglesias, la familia-, son instituciones creadas para cimentar y reforzar las sociedades humanas. Se las puede defender, se las puede combatir, se las puede reforzar, pero no se puede negar su sentido y significación.
"El matrimonio es, en su origen y en tanto que institución, la unión de un hombre y una mujer. Esta definición no obedece al azar. Remite, en primer lugar, a la dualidad de sexos que caracteriza nuestra existencia y que constituye la condición de la procreación y, en consecuencia, de la continuación de la humanidad.
"Por esta razón, la filiación de un niño se ha establecido siempre con relación a los dos sexos. El género humano no se divide entre heterosexuales y homosexuales, sino entre hombres y mujeres. En lo concerniente al niño, no se trata de un bien que pueda procurarse una pareja heterosexual y homosexual: es una persona nacida de la unión –sea cual fuere su modalidad-, de un hombre y una mujer.
"Y a esta realidad remiten el matrimonio y la adopción. El celibato, el concubinato y, en lo sucesivo, el pacto civil de solidaridad –que mi Gobierno, decía Jospin, aprobó-, pueden preferirse a los caracteres propios del matrimonio. Puede respetarse la preferencia amorosa de cada cual, sin de forma automática institucionalizar las costumbre".
El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre el recurso que nosotros presentamos en su día y que ya ha sido admitido a trámite. A ese fallo, como es obvio, nos remitimos y nos sometemos. El juicio del Tribunal Constitucional será inapelable en cuanto a la constitucionalidad o no de la iniciativa que impulsó el Gobierno del señor Zapatero. Pero otra cosa distinta, compatible y complementaria de lo anterior, es que mientras ese fallo se produce, pueda y deba reformarse lo que nunca debió alterarse.
No se trata, por tanto, de un debate de constitucionalidad lo que ahora nos ocupa, sino de oportunidad, conveniencia y necesidad política.
Se nos dijo por el Presidente del Gobierno –y así consta en el Diario de Sesiones-, que el tiempo demostraría que también en esto seríamos pioneros en el mundo. El "también" se refería al referéndum de la Constitución de la Unión Europea –no se si hoy, con la serenidad, experiencia y perspectiva que otorga el tiempo transcurrido, se sostiene esa afirmación. Ciertamente no se trató de una afirmación solemne un 29 de diciembre en rueda de prensa en la Moncloa, sencillamente lo dijo desde esta Tribuna con ocasión de la explicación de la ley. Pero los hechos ahí están. ¿Se ha cumplido el vaticinio del señor Presidente del Gobierno en cuanto a la emulación de nuestra legislación por el conjunto de la humanidad?
Veamos algunos ejemplos significativos:
Se dijo que volvíamos al corazón de Europa –junto a Francia y Alemania- … Por ello, parece razonable observar la evolución de las legislaciones producidas en la Unión Europea y otras democracias, como la norteamericana, por ejemplo.
En cuanto a Francia, le puede preguntar hoy al Sr. Sarkozy con quien ha almorzado. Que le explique su posición. Y también la otra candidata, la señora Royal. En cuanto a Alemania, la señora Merkel no parece muy entusiasta con ese tipo de medidas.
En Francia, dos personas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio entre sí, aunque pueden suscribir un "Pacto Civil de Solidaridad", que regula determinados deberes y derechos mutuos y la Corte de Casación de ha pronunciado contra la adopción de niños por parte de parejas homosexuales por ir "contra el interés superior del menor".
En Alemania, se denomina "Relación marital registrada" y tiene unos efectos distintos del matrimonio y la jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán ha afianzado la discriminación positiva del matrimonio frente a otro tipo de uniones, de acuerdo con los principios de su Ley Fundamental. La razón del privilegio del matrimonio lo fundamenta el Tribunal Supremo en la finalidad de "transmitir la vida y educar la prole". Indirectamente, por tanto, deja claro que una unión homosexual no puede ser comparada con el matrimonio.
En Gran Bretaña se denomina "Unión Civil"
En Italia… que les puedo explicar a ustedes de Italia: el Gobierno de centro izquierda del Sr. Prodi, con 9 meses escasos de vida, ha renunciado, en aras de su continuidad, a legislar sobre las "parejas de hecho"… ¿Qué les parece, Señorías de la izquierda, con el señor Massimo D’Alema como Ministro de Asuntos Exteriores de ese Gabinete, y una ley que aquí podría haber sido aprobada por unanimidad?
¿Se cumplen o no se cumplen los vaticinios del Sr. R Zapatero en la materia? ¿Por donde va el mundo en estas cuestiones?
Si quieren, cruzamos el Atlántico y vamos a Estados Unidos donde se está tramitando una enmienda a la Constitución para que se regule de modo exclusivo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y en muchos de los Estados ya se han producido referendums que por inmensa mayoría se han decantado por esta postura.
Y en cuanto a lo que podríamos llamar la "demanda social interna", es decir, a los resultados de la aplicación de esta ley en nuestro país, me remito a los datos facilitados por la Dirección General de los Registros y del Notariado: desde la aprobación de al reforma ha habido alrededor de 3.000 matrimonios homosexuales, frente a los más de 200.000 matrimonios heterosexuales celebrados en ese mismo periodo de tiempo. Es decir, un 1,5%.
Termino, Sr, Presidnete, Señorías:
Tienen la oportunidad de volver, en esta materia, de verdad, al corazón de Europa. Me permito, incluso, a decirles, al sentido común.
Legislen como nuestros socios, amigos y aliados europeos y americanos.
Voten a favor de la admisión a trámite de esta proposición y en el seno de la Comisión, al tiempo que dejamos tranquila la institución matrimonial, regulamos por consenso una ley sobre parejas de hecho similar las de nuestro entorno democrático.
Muchas gracias.

Pleno del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2007

PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿MANTIENE EL MINISTRO DE JUSTICIA QUE JUZGAR LOS DELITOS DE TERRORISMO DE ESTADO REFERIDOS AL GAL FUE UNA "HIPOCRESÍA"?

El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Fernández Díaz. Adelante.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor ministro, el 28 de marzo de 1998 era usted fiscal jefe de Madrid. En una entrevista a toda página en un diario nacional de la época, usted no dejaba títere con cabeza, usted era muy demócrata pero criticaba al Gobierno, del Partido Popular por supuesto, labor muy propia del fiscal jefe, y criticaba a este Congreso de los Diputados diciendo literalmente: El Parlamento está mortecino, adormecido, sin reflejos, el Parlamento está diluido. (Una señora diputada: Aquel vuestro, sí.) Ya se ve que tenía que venir usted para despertarnos y decirnos lo que teníamos que hacer. Ahora bien, el colofón de oro de esa entrevista se resume en la frase pronunciada por usted: El caso GAL es la historia de una hipocresía colectiva. Yo le pregunto: ¿Mantiene el señor ministro de Justicia que juzgar los delitos de terrorismo de Estado referidos al GAL fue una hipocresía?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno, por favor.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Una vez más, señoría, el error intencionado en la pregunta. Mire, no hace falta que le diga que jamás me referí con esa frase al hecho de juzgar el tema GAL, sino, como usted ha leído -ahí sí estaba-, a las reacciones que evidenciaban en la sociedad la enorme fractura ética que esos hechos produjeron. Le aclaré una vez más: ante el terrorismo, sea cual sea su protagonista, solo el compromiso del Estado de derecho, ni ambigüedades, ni dudas. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Díaz, por favor.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Literalmente, aquí tengo la prueba que he documentado: El GAL es la historia de una hipocresía colectiva muy seria, un ejemplo de que las cosas pueden tener estado judicial o carecer de él en función de las exigencias de la política de partido. Alguno de los episodios del caso GAL me ponen los pelos de punta.
Oiga, señor ministro, ¿qué le ponía a usted los pelos de punta? ¿Los 28 asesinatos financiados con fondos reservados del Ministerio del Interior del Gobierno socialista o le ponía los pelos de punta la hipocresía de juzgarlos, o era, quizá, la hipocresía de denunciarlos por parte del Partido Popular? Creo que sería bueno que el hoy ministro de Justicia nos aclarara lo que dijo entonces.
Por otro lado, usted afirmó, como hemos visto, que es hipócrita someter el Estado de derecho a la política de partido. Yo no lo calificaría así, lo calificaría de inaceptable, pero, en todo caso, es su opinión. Supongo que eso querrá decir en todo caso hoy, por ejemplo, que no va a someter la aplicación de la Ley de Partidos a los intereses del Gobierno del que, desde ahora, forma usted parte. Sin embargo, como ha quedado acreditado, su larga trayectoria profesional le avala, por desgracia, como un profesional cuya competencia técnica obviamente no cuestiono, pero que ideológicamente está al servicio siempre del partido y del Gobierno socialista.
Podemos recordar inclusive su intervención contra todos los fiscales en la instrucción del caso de los papeles de Laos, del caso Roldán, o las circunstancias que rodearon la detención del entonces gobernador del Banco de España, por no citar algunas más recientes. Así se entiende que para usted sea hipócrita criticar la política antiterrorista del Gobierno siempre que este Gobierno, claro, sea socialista. Cuando la política antiterrorista del Gobierno pasaba por el GAL, era hipócrita criticar esa política. Y cuando la política es el proceso de paz, es hipócrita oponerse a ese llamado proceso de paz que significa someter el Estado de derecho a los intereses de su ahora... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: El tiempo terminó. Gracias.
Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señoría, cuando recordamos alguno de esos episodios como, por ejemplo, el del entonces presidente del Banco de España, nadie se acuerda que eso acabó en sentencia, no para él que lamentablemente falleció, sino para su correo y que le pusieron seis años de prisión. Eso no se recuerda, solo se recuerda que yo ordené la detención. Pero no me voy a parar ahí. En el ámbito de su pregunta le he reiterado que esta frase que usted ha leído en su contexto, como la ha leído, no como la ha dicho, como dice la prensa, se estaba refiriendo a algo muy evidente y era a las reacciones sociales de aquel caso. Y es que muchos que siempre habían defendido el Estado de derecho parecieron ante el fenómeno condescendientes o incluso complacientes; otros no lo condenaron con la suficiente contundencia; y, sorprendentemente, a quienes jamás les importó el fenómeno del terrorismo de Estado, o incluso a algunos que explícitamente lo habían jaleado desde los medios, pidiendo más dureza, utilización de cualquier medio, de repente, en una especie de conversión paulina, se transformaban en los grandes inquisidores y en los grandes fedatarios del Estado de derecho.
Ese es el ejercicio de hipocresía colectiva al que yo me refería, señoría. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.-Rumores.-El señor Martínez-Pujalte López: Barrionuevo no tenía la culpa, eran los otros.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.

martes, 20 de febrero de 2007

Medidas para garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones y servicios públicos del Estado.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Proposición no de Ley de Esquerra Republicana de Cataluña sobre medidas para garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones y servicios públicos del Estado.
14 DE FEBRERO DE 2007

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: La verdad es que no es nuevo el intento de Esquerra Republicana de Cataluña, también de Izquierda Unida, y efectivamente del Partido Socialista, aunque de una manera más solapada, de ir por la vía de una política de hechos consumados transformando, en mi opinión, en una auténtica mutación constitucional, el Estado aconfesional cooperativo definido en nuestra Constitución en un Estado laico. Entiéndase Estado laico, laicista, porque aquí jugamos con las diversas acepciones que la palabra laico tiene: laico como contrapuesto a religioso o persona consagrada y eso lo somos todos los que estamos aquí, pero ya sabemos que en el debate público, en el debate político un Estado laico es un Estado laicista, es decir, el que niega toda relevancia pública al hecho religioso. De hecho, como todos sabemos, en la historia de las relaciones, en el derecho y en la praxis comparada de las relaciones Iglesia-Estado, si se quiere como unidad religiosa o eclesiástica, como comunidad civil o comunidad política, existen básicamente tres modelos que dan lugar, a su vez, a tres diversos Estados: el Estado confesional, el Estado aconfesional que no anticonfesional, y el Estado laico o laicista, y además los tres son compatibles con la democracia, porque en la Unión Europea tenemos esos tres modelos en Estados que pertenecen a la Unión Europea, y que por la propia naturaleza de la Unión Europea han de ser Estados democráticos. Grecia es un estado confesional, y la Iglesia ortodoxa es la iglesia oficial. No digamos en el Reino Unido, donde la reina de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia anglicana. y las monarquías nórdicas, que son democracias, son Estados confesionales y las iglesias luteranas calvinistas son las iglesias oficiales de esos Estados. Por tanto, no intentemos descubrir nuevos mediterráneos, que el que existe lo tenemos muy cerquita. Desde el punto de vista del Estado laico, laicista, la República Francesa sería un poco el paradigma, que todos sabemos que a ustedes les gusta mucho ese modelo de relación, y me parece legítimo, pero no es el definido en nuestra Constitución. Discutir eso es atentar a la inteligencia de todos los que estamos aquí. También a la del señor Llamazares, que me dice que no con la cabeza. Váyase a los diarios de sesiones de las constituyentes, amigo Llamazares, y verá cómo las posiciones que defendía, por ejemplo el señor Peces- Barba, con otros ponentes constitucionales, en este sentido eran muy claras, y que al final, como fruto de ese consenso, de la Constitución del consenso que fue la de 1978 -y no fueron constituciones del consenso otras anteriores, ya que la Constitución de la República fue claramente una constitución absolutamente laica, laicista-, en el hecho religioso, que había dado lugar a tantas controversias y divisiones en el pasado en nuestro país, ese consenso se manifestó de una manera muy ejemplar, en mi opinión, con la definición del artículo 16, complementado con el artículo 27 -y no quiero hacer un turno de alusiones con el presidente, porque sabe mucha historia de aquellos debates y aquellos consensos-, que define al Estado español como un Estado aconfesional, y a continuación introduce la noción de cooperación, donde dice que, no obstante, teniendo en cuenta el Estado, los poderes públicos las confesiones y creencias religiosas históricas tradicionales de la mayoría de la sociedad española, adoptará los acuerdos adecuados y convenientes de cooperación con la Iglesia católica, a la que cita expresamente, y aquellas otras confesiones religiosas que en función de las convicciones de los españoles sea preciso hacer.

Para atender eso tenemos, entre otras cosas, instrumentos como el Centro de Investigaciones Sociológicas que mes a mes, además de otros muchos centros, va analizando cuáles son las convicciones y creencias religiosas de los españoles, de acuerdo con la autodefinición que a sí mismos se dan los españoles en cuanto a esa cuestión. Yo tengo aquí el último barómetro del CIS, y saben ustedes que lo hace mes a mes. Por tanto, tenemos una serie histórica estadística muy larga, en la que hay una pregunta recurrente: ¿Cómo se define usted en materia religiosa? Católico, creyente de otra religión, no creyente o ateo. Pues, mire usted, las cosas son como son, comprendo que a lo mejor no les guste, pero en torno al 80 por ciento de los españoles mayores de 18 años, mes tras mes, punto arriba, punto abajo, como saben todos ustedes, se definen a sí mismos católicos; creyentes de otras religiones: un 1,5 por ciento, lo que puede confirmar el tópico de que en España los españoles o son católicos o no creen en nada; el 30 por ciento restante se define no creyentes o ateos. Esta es la realidad. Y si aplicáramos el principio democrático, que no veo por qué en este ámbito debería de quedar excluido, si los ciudadanos españoles en este ámbito se definen a sí mismos, mes tras mes, año tras año, en un 80 por ciento como creyentes de una determinada religión, de una determinada fe, parece que eso tiene alguna relevancia pública y que los poderes públicos de ese Estado han de tener en cuenta esa realidad, aunque solo fuera por un mínimo respeto al principio democrático de los deseos manifestados reiteradamente por una abrumadora mayoría social de los ciudadanos españoles. ¿Qué hay pocos budistas? ¡Qué le vamos a hacer! ¡Bendito sea Dios! El día que haya un 80 por ciento de budistas, me imagino que en la Constitución aparecerá de manera explícita esa referencia, y habrá acuerdos; incluso sería obligatorio y de sentido común hacerlos.
Me parece muy bien lo que decía el señor Mardones. No me imagino la Semana Santa, en la circunscripción por la que es diputado desde hace muchos años la señoría que nos preside, sin las cofradías, sin las hermandades. No sé el laicismo cómo se compadece con esa explosión del hecho religioso, cultural, tradicional, con esas manifestaciones de piedad popular. Intentar construir artificialmente una sociedad, en una auténtica maniobra de ingeniería social, al margen de las convicciones, de las creencias, de las tradiciones, en la historia ha dado muy mal resultado. Igual que la ingeniería genética es una cosa poco recomendable, y un servidor es ingeniero industrial, la ingeniería social también en su dimensión religiosa es poco recomendable. Intentar construir una sociedad a su antojo, a gusto de una exigua minoría, privándoles de su libertad, de una libertad fundamental, como es la libertad religiosa, que es expresión muy importante de la libertad de conciencia que, a su vez, ontológicamente pertenece a la categoría de la naturaleza humana, es muy peligroso.

Yo les recomendaría que no siguieran por ese terreno. Porque escuchar a mi amigo Tarda -perdón, su señoría Tarda- ... (El señor Tarda i Coma: Amigo, amigo.) Por supuesto, pero el protocolo nos exige dejar formalmente la amistad a un lado y hacer referencia a su condición de diputado, aunque son compatibles. Es diputado, es de Esquerra Republica y es amigo mío. Decía que escucharle hablar de privilegios económicos y fiscales, cuando el Gobierno acaba de firmar con la Iglesia católica, con la Conferencia Episcopal española, una renovación de los acuerdos en materia de tipo económico, complementando y reformando los acuerdos del Estado Español y la Santa Sede del año 1979, es un tanto sorprendente. No teoricemos en este momento, no hay tiempo para teorizar acerca de lo que es privilegio y de lo que es discriminación positiva. Simplemente digo que el artículo 16 de la Constitución española fue un gran logro, fue un punto de encuentro histórico, y el artículo 27 lo complementó. Los acuerdos Estado español-Santa Sede tienen rango de tratado internacional. Fueron refrendados por las Cortes Generales. Por tanto, lo que se derive de esa aconfesionalidad cooperativa ni son privilegios ni son discriminaciones positivas. Otra cosa son fundamentalismos laicistas que intentan imponer su verdad a costa de la libertad. Y eso, créanme, es muy peligroso y en la historia ha dado muy mal resultado.

Reconocimiento de responsabilidades y reparación de daños como consecuencia del uso de armamento químico en el Rif.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Proposición no de Ley de Esquerra Republicana de Cataluña de reconocimiento de responsabilidades y reparación de daños como consecuencia del uso de armamento químico en el Rif.
14 DE FEBRERO DE 2007


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Imagino que si la gente que va por la calle, que va a leer los periódicos, que va a escuchar la radio o a ver la televisión escucha que en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados hemos hablado hoy de memoria histórica y cosas por el estilo, van a pensar en lo que todos estamos pensando, y cuando hablamos de la guerra del Rif no sabrán si hablamos del Ritz -del hotel Ritz- (Un señor diputado: Qué gracioso.) o de la guerra del Rif, y seguramente empezarán a pensar que quizá los diputados del Congreso español estamos en estos momentos poco atentos a las preocupaciones y prioridades de la sociedad española y de los españoles -tengo la absoluta convicción-. En todo caso, antes de entrar a fijar la posición de mi grupo respecto a esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) e Izquierda Unida ya han manifestado que van a apoyar, quiero hacer una precisión, y es que, como se habla de memoria histórica, de petición de perdón y crimen contra la humanidad, el ministro de la Guerra de la época -desastre de Annual, Alhucemas, etcétera- no era Federico Trillo. No sé si estaba en Guantánamo o no, pero en aras de la verdad histórica quiero dejarlo aclarado desde el primer momento. En segundo lugar, que para que no hubiera un conflicto de intereses -hemos hablado esta mañana de conflicto de intereses- como portavoz de la Comisión ha delegado en mí para que yo fije la posición de mi grupo. Lo digo para seguir con el sentido de la responsabilidad que adorna esta iniciativa. En tercer lugar, me ha tranquilizado ver que Esquerra Republicana si hoy no se aprueba esta iniciativa va a presentar una enmienda al proyecto de Ley de Memoria Histórica. Yo no sé, si cunde el ejemplo, si presentaremos más enmiendas a la memoria histórica para hablar de la guerra de la Independencia, de 1492 o de cuando los visigodos invadieron la Hispania romana, porque la memoria histórica es un concepto jurídico indeterminado y por otra parte es evidente que nos interesa mucho a todos hablar de los crímenes contra la humanidad que los españoles hemos producido y estar pidiendo perdón a todo el mundo y sobre todo asumiendo deudas históricas.

Hablan de deuda histórica, memoria histórica, verdad histórica, perdón, crimen contra la humanidad... Sinceramente, yo, como diputado español, no estoy dispuesto a aceptar que el pueblo español al que yo como los demás colegas que estamos aquí representamos tengamos que pedir perdón por un crimen contra la humanidad que supuestamente hayamos cometido hace ochenta años. No estoy dispuesto a aceptarlo, sinceramente, y si quieren se lo consultan ustedes al resto de ciudadanos españoles, también en Cataluña; y díganles además de qué partida presupuestaria piensan deducir la dotación correspondiente para hacer frente a esa deuda histórica que, evidentemente, si se aprueba esta iniciativa, debería ponerse en marcha. Otra cosa es que estemos a favor, -¡faltaría más!- de la cooperación internacional y de que la zona del norte de Marruecos, por su proximidad geográfica y por muchas otras razones, sin duda el Gobierno de España, dentro de sus programas de cooperación, la tiene que desarrollar. Pero no porque nosotros hayamos cometido un crimen contra la humanidad rifeña del cual ahora tengamos que pedir perdón y pagar. No es casual -usted lo ha dicho, señora Bonás- que sea Esquerra Republicana. Claro que no es casual, si Estat Català y Acció Catalana felicitaron a Abdelkrim después de masacrar a 8.000 soldados españoles en el desastre de Annual, y Sabino Arana, perdone, felicitó a Teodoro Roosevelt después de que Estados Unidos ganara a España y le quitara Cuba en 1898. Por tanto nada es casual. La memoria histórica la tenemos todos, y si quiere hablamos hasta de Hidalgo de Cisneros, al que mencionaba don Aitor Esteban: Hidalgo de Cisneros, el único aviador que presuntamente bombardeó desde un único avión que era toda la flota de bombarderos que tenía el Ejército español, que no dirigía el ministro Federico Trillo en la época. Un avión español que se llamaba «Farman Goliat» era el único avión que teníamos para crear toda la masacre que hicimos en aquella época. Si hablamos de rigor histórico, de verdad histórica, hablemos en serio. Y decir además que todo esto se hace en aras de fomentar la amistad hispano-marroquí ... Estoy de acuerdo con don Aitor Esteban en que si hablamos de secuelas que al parecer podrían aparecer en personas y que estadísticamente aparecen con mayor frecuencia en la zona, pues aunque solo fuera desde el punto de vista cronológico parecería en principio razonable plantearse si no tendrán más probabilidades de ser las causantes de ese incremento de la morbilidad y de la mortandad las revueltas del Rif de los años 1958 y 1959, cuando el general Ufkir, que era el preceptor del entonces heredero a la corona Hassan II, estuvo bombardeando aquella zona con bombas de napalm. Si quiere empezamos a hablar de esas cosas y a lo mejor llegamos a la conclusión de que la amistad hispano-marroquí exige hoy una comisión de la verdad, una ley de memoria histórica, evidentemente una deuda histórica y una petición de perdón. Pero si seguimos por este camino no sé si los españoles nos van a tomar en serio, aunque tengo la seguridad de que nos van a perder el respeto.