Pleno del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2008

PROPOSICIÓN NO DE LEY
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
(SEÑOR JORQUERA Y SEÑORA FERNÁNDEZ),
RELATIVA A LA REVISIÓN DE LOS
ACUERDOS ESTADO-SANTA SEDE.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
En las últimas legislaturas hemos tenido ocasión de
debatir extensamente iniciativas similares. Presentadas
por unos grupos o por otros, lo que pretenden en síntesis
es, desde nuestro punto de vista, una mutación constitucional
y convertir el modelo de aconfesionalidad cooperativa
definida en nuestra Constitución por un Estado
laico en la acepción laicista. Para ello se parte de unas
premisas a mi juicio erróneas, equivocadas. Por ejemplo,
en el petitum de esta proposición no de ley se afirma que
los acuerdos deben subordinarse a los principios constitucionales,
que es tanto como decir que no respetan los
principios constitucionales; que deben adecuarse a la
aconfesionalidad del Estado establecida en el
artículo 16.3; que se reformen los convenios administrativos
firmados por el Gobierno y la Iglesia católica para que se
adecuen a las leyes y reglamentos, es decir, para que se
sometan al ordenamiento jurídico, y, por último, que bajo
el principio de no discriminación e igualdad de trato se
extiendan esos acuerdos o marcos de cooperación establecidos
con la Iglesia católica a otras confesiones o
creencias religiosas en la medida en que estén presentes
en el Estado español. Cualquiera que leyera este petitum,
diría: ¿En qué Estado de derecho vivimos? Si tenemos
unos acuerdos con rango de tratado internacional, ratificados
por esta Cámara, que tienen casi treinta años de
vigencia y atentan contra los principios constitucionales,
alguien diría: ¿Qué han hecho los gobiernos y los
poderes públicos durante esos treinta años para permitir
semejante disparate? Si además resulta que esos acuerdos
con la Iglesia católica no respetan la aconfesionalidad
del Estado, es decir, el modelo de relaciones entre la
Iglesia y el Estado, se preguntarían: ¿Pero qué tipo de
acuerdos son esos? ¿Y llevan ustedes así treinta años?
Pero la perplejidad sigue cuando se dice: Reformen los
convenios administrativos que en desarrollo de esos
acuerdos han firmado ustedes —entiendo que se estarán
refiriendo, por ejemplo, a los relativos a los profesores
de religión— para adecuarlos al ordenamiento jurídico,
que llevan ya bastantes años de vigencia. Y uno diría:
¿El Gobierno ha firmado unos convenios administrativos
que son ilegales y que tienen más de diez años de
vigencia? ¿Pero qué Estado democrático es este? Y, para
acabar, dicen: Por cierto, no siga usted manteniendo esa
desigualdad de trato y esa discriminación hacia las
demás confesiones y creencias religiosas y, por tanto,
establezca usted unos marcos de cooperación con las
demás que garanticen que no hay esa desigualdad de
trato, que no hay esa discriminación.

Por tanto, si de verdad la premisa de la que se parte para llegar a esa
conclusión fuera cierta, insisto, todos los que estamos
aquí y todos los que nos han precedido aquí a lo largo
de nueve legislaturas deberían hacer una seria reflexión.
Este Estado debería reflexionar sobre si efectivamente
este es un Estado democrático, social y de derecho o es
una broma. Evidentemente, no es una broma, lo que pasa
es que las premisas de las que se parte son absolutamente
falsas, son apriorísticas, son prejuicios ideológicos que,
insisto, pretenden llegar a una mutación constitucional
desde unas premisas falsas. Sobre todo, quiero destacar
esa apreciación en cuanto que no respeta los acuerdos
vigentes entre la Iglesia y el Estado, como ya se ha
señalado reiteradamente, que entraron en vigor el 3 de
enero de 1979, con el preacuerdo de julio de 1976; no
respeta la aconfesionalidad del Estado.
No da tiempo, evidentemente, ni es este el ámbito para
teorizar acerca del concepto de aconfesionalidad, pero
sí quiero decir que para mí el concepto de aconfesionalidad
es sinónimo del concepto de laicidad —que no de
laicismo, obviamente— y que el Estado aconfesional
definido en nuestra Constitución está tan alejado del
Estado confesional como del Estado laico; pero hay que
hacer una clara afirmación: y es que tanto el Estado
aconfesional, como el Estado laico, como el Estado
confesional están en Europa y todos ellos son democráticos,
por tanto, no hay incompatibilidad en ninguno de
esos tres modelos con ser democrático.

Lo que define a un Estado como democrático desde el punto de vista de
las relaciones con las iglesias, confesiones o creencias
religiosas es que respete o no respete y garantice o no
garantice la libertad religiosa. Y en Europa tenemos esos
modelos. Estado confesional: Grecia, donde la Iglesia
ortodoxa es la Iglesia oficial. Y fíjese usted en el Reino
Unido, donde la Reina de Inglaterra es la cabeza de la
Iglesia anglicana, por no hablar de las monarquías nórdicas,
luteranas o calvinistas, que son monarquías parlamentarias
democráticas y que son Estados confesionales.
Estado aconfesional: el Estado español. Estado
laico, república laica por excelencia, el paradigma:
Francia. Los tres son democráticos. Fuera de Europa
tenemos estados que son laicos y no son democráticos
porque no respetan la libertad religiosa, y el ejemplo más
emblemático es Turquía, que saben ustedes que su problema
fundamental en orden a su incorporación a la
Unión Europea viene precisamente por aquí, porque no
respetan la libertad religiosa, porque es un Estado laico
laicista que a diferencia del francés, que es democrático,
que respeta la libertad religiosa, este no la respeta. Y más
allá tenemos otros ejemplos, como las monarquías o
repúblicas islámicas, que son evidentemente laicistas y
que no son democráticas porque no respetan la libertad
religiosa. Por tanto, tenemos todo tipo de modelos, pero
en Europa lo sustantivo es que siempre, siempre se respeta
la libertad religiosa.

Termino, señor presidente. Quiero decir que, además
de esa aconfesionalidad a la que me he referido anteriormente
como definidora de nuestro modelo de relaciones
y de definición de nuestro Estado en orden al hecho
religioso, la aconfesionalidad implica neutralidad, que
no indiferencia, del Estado ante el hecho religioso; neutralidad
como garantía previa para el ejercicio de la
libertad religiosa por parte de los ciudadanos. Por tanto,
con tal actitud positiva y de respeto hacia la libertad
religiosa, puesto que se obliga desde la Constitución a
cooperar con las iglesias, en particular con la católica y
con las demás en la medida en que estén implantadas en
el Estado español, nuestro modelo de relación es el de
la aconfesionalidad cooperativa, insisto, tan alejado del
Estado laicista al que pretenden llevarnos como, desde
otra perspectiva, del Estado confesional.

Por último, en cuanto a la desigualdad de trato y discriminación
en relación con otras confesiones o creencias
religiosas, como antes decía el señor Jaúregui,
España es como es y es lo que es, y España no es el Tíbet;
seguramente en el Tíbet la Iglesia católica tiene una
importancia descriptible, tanta como aquí puede tener
esa confesión, por lo demás absolutamente respetable,
faltaría más. Pero lo cierto es que los españoles son lo
que son y el conjunto de confesiones religiosas no católicas
las comparten, según las encuestas del CIS mes a
mes, no más del 1,5 por ciento de los ciudadanos españoles
mayores de 18 años, mientras que cerca del 80 por
ciento se definen mes tras mes como católicos. Por tanto,
no podemos tratar igualmente hechos tan determinantemente
desiguales. ¿Se imagina, señor Llamazares, lo que
sería que se tratara desde el Gobierno de manera igual a un partido que
representara al 80 por ciento de los españoles que a los
demás partidos que todos juntos representaran al 1,5 por
ciento? ¿Eso sería democrático? ¿Eso sería atender al
principio democrático? Eso debe hacerse compatible con
el respeto a las minorías, faltaría más, pero eso no es
desigualdad de trato sino tratar de manera desigual lo
que es desigual y tratar de manera igual lo que es
igual.

Termino, señor presidente, ahora sí. En este debate
conviene alejarse de la tentación del fundamentalismo,
también de la del fundamentalismo laicista, señor Tardà,
que pretende imponernos su verdad a costa de la libertad.
En el otro extremo, los relativistas nos pretenden
imponer su libertad a costa de la verdad; ustedes, la
verdad, su verdad, a costa de nuestra libertad, y eso no
es bueno para nadie, ni para ustedes, ni para nosotros, ni
para la convivencia.
Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Fernández Díaz.

Pleno del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2008

PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) RELATIVA A LA CESIÓN DEL CUARTEL DEL BRUC, EN BARCELONA, A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS CATALANAS.

El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.Señorías, estamos en presencia de un debate muy normal y muy habitual en los tiempos que corren, puesto que la historia no para. Es evidente que forma parte de otros momentos de la historia que las instalaciones militares estuvieran en los núcleos urbanos, y que después la evolución de la sociedad haya hecho que en muchísimas ocasiones, unido esto a la evolución que lógicamente han experimentado los ejércitos, el concepto de la defensa, etcétera, se haya considerado que esas instalaciones militares ya no sirven a los fines para los que inicialmente estaban previstas y para los que estaban destinadas.
La presión demográfica y el desarrollo urbanístico o las nuevas necesidades de la defensa, etcétera, han hecho que cada vez se plantee más que instalaciones que en algunas ocasiones incluso tenían siglos de existencia, hoy no sean precisas para las necesidades de la defensa, y que por el contrario dichas instalaciones, esos solares o esos terrenos los necesiten las instituciones públicas, normalmente ayuntamientos y comunidades autónomas, para destinarlos a la construcción de viviendas u otros fines de interés social.
Pues bien, en ese contexto general se plantea una vez más un debate de estas características, debate que afecta en este caso, como vemos, a la ciudad de Barcelona y a un equipamiento militar histórico en la ciudad de Barcelona, como es el cuartel del Bruc, que no queda en el centro de Barcelona salvo que consideremos que nada más entrar en Barcelona por la Diagonal, eso sea el centro de la ciudad. Otra cosa es que algunos recordemos desde muy pequeñitos, vivimos al lado del cuartel del Bruc, que desde la entonces plaza Calvo Sotelo, hoy plaza Francesc Macià, hasta ese barrio de Pedralbes, donde está el cuartel del Bruc y la Universidad Politécnica de Cataluña, no había nada y aquello era el extrarradio de Barcelona, pero hoy eso no es un extrarradio, es el límite urbano de Barcelona pero no el extrarradio, lo cual no sería el centro de Barcelona, y en este sentido, señor Xuclà, estaríamos de acuerdo.
En todo caso, para racionalizar como es lógico este debate, lo que hay que plantearse es que el Ministerio de Defensa, que es el que tiene en estos momentos afectado el uso de esa instalación militar, dé su opinión.Parece razonable, ¿verdad? ¿Usted necesita esa instalación para los fines de la defensa o no la necesita? Y si considera el ministerio que no la necesita y responde de una manera razonable, se debería producir la enajenación en los términos previstos por la ley. Aquí el Ministerio de Defensa se ha manifestado con mucha claridad, y considera que necesita esa instalación para cumplir sus funciones y concretamente -según la información de que disponemos nosotros- alega que en ese cuartel del Bruc de Barcelona se encuentran en estos momentos diversas unidades, entre ellas una que ha sustituido al que todos conocimos, al Regimiento de Infantería Jaén 25, que ha estado toda la vida allí, hasta hace pocos años; ahora está el Batallón de infantería ligera que pertenece al Regimiento de cazadores de montaña 62, la Unidad de servicios de acuartelamiento USAC del Bruc, el Centro de historia y cultura Militar de la Subinspección General del Ejército, etcétera. Es decir, que hay allí unos efectivos y unas unidades que, insisto, el Ministerio de Defensa, que es quien tiene competencia en la materia, considera que deben seguir estando allí, para lo cual esa instalación militar es precisa. Por otra parte, hemos de tener muy presente también que aquí se habla de cesión gratuita, que es un supuesto que no contempla la ley.
En el supuesto de que se desafectaran estos u otros bienes -en concreto el Ministerio de Defensa los afecta a la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo, que los enajena de acuerdo con el procedimiento previsto en la ley-, ya sabemos que es enajenación directa, permuta subasta pública, y en ningún caso cesión gratuita, como sabe muy bien el señor Xuclá.Nosotros, como es lógico, atendemos a lo que nos parece razonable. Este es un viejo debate. En el Ayuntamiento de Barcelona ha habido muchísimos debates. En esta misma Cámara un servidor, el diputado que les habla, en la anterior legislatura preguntó en muchas ocasiones al Ministerio de Defensa por el cuartel del Bruc y tengo muchas respuestas por escrito de este ministerio, algunas tan lacónicas como la que dice que aludir al número de efectivos y unidades allí destinadas pertenece al ámbito de la seguridad y la defensa nacional y que por tanto le afectaba la Ley de Secretos Oficiales; hoy parece ser que no es así, afortunadamente. En todo caso, ha habido muchos debates: ya en el año 1992 la Universidad Politécnica de Cataluña -porque ahora está allí Ciudad Universitaria- quiso que fuera cedida a la universidad para equipamientos, residencias, universitarias; mi escuela, donde yo hice mi carrera, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, también quería trasladarse allí y permutar su solar con el del cuartel del Bruc. O sea, que es una vieja historia que demuestra que es un tema de actualidad y sobre el que el Ayuntamiento de Barcelona se ha pronunciado en numerosísimas ocasiones.Por cierto, el único grupo municipal que siempre ha votado en la misma dirección. Perdón, el único no, quería distinguirme del Grupo Parlamentario Socialista, que espero que abandone su posición errática ya en estos momentos, porque en el Ayuntamiento de Barcelona ha votado de todo, a pesar de que el alcalde es socialista y de que también ahora el presidente de la Generalitat es socialista.
El Gobierno municipal de Barcelona muy recientemente ha votado a favor de la cesión del cuartel del Bruc al Ayuntamiento de Barcelona. Es más, en el programa de actuación municipal 2004-2007, contempla literalmente la cesión. En la Comisión de Presupuestos y Hacienda de hace dos meses, en el Ayuntamiento de Barcelona el Grupo Socialista volvió a votar a favor de la cesión, e incluso tengo aquí unas declaraciones del tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el señor don Jordi William Carnes, donde decía que el nombramiento de doña Carmen Chacón como ministra de Defensa, es el mejor augurio para la cesión definitiva del cuartel del Bruc al Ayuntamiento de Barcelona. Yo espero que hoy ustedes de una vez se aclaren, abandonen las posiciones erráticas y se pronuncien desde la racionalidad, es decir, si el Ministerio de Defensa considera que necesita el cuartel del Bruc, nosotros tenemos sentido común -también sentido de Estado pero sobre todo sentido común-, y si el Ministerio de Defensa considera que lo necesita, nosotros -no diré que en primer tiempo y saludo, pero sí con sentido común- estaremos al lado del Gobierno para decir que al igual que hemos hecho siempre en el Ayuntamiento de Barcelona, si es necesario para la defensa nacional que el cuartel del Bruc siga donde está, porque a nosotros, sinceramente, no nos molesta lo más mínimo.Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.

LA APORTACIÓN DECISIVA DE LA FAMILIA PARA LA SOCIEDAD Y EL MUNDO - Córdoba, 25 de abril de 2008

LA APORTACIÓN DECISIVA DE LA FAMILIA PARA LA SOCIEDAD Y EL MUNDO
XIII Semana de la Familia: “La familia escuela de humanidad”
Córdoba, 25 de abril de 2008

Excmo. Sr. D. Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados
Diputado por Barcelona



Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo de Córdoba,
Señores Organizadores de la XIII Semana de la Familia,
Señoras y Señores,

Quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo emocionado para el Cardenal Alfonso López Trujillo, recientemente fallecido, Presidente durante los últimos dieciocho años del Consejo Pontificio para la Familia, calificado por el Papa como “infatigable pastor, generosamente entregado al servicio de la Iglesia y del evangelio de la vida”.

También, mi agradecimiento a don Juan José Asenjo, por su amable invitación a participar en estas Jornadas centradas en el estudio de la familia. Es para mi un motivo de especial satisfacción estar aquí entre ustedes.

Llegamos hoy a la clausura de esta ya la decimotercera edición de la “Semana de la Familia” y he podido comprobar la calidad de los oradores que me han precedido. No puedo, por ello, dejar de felicitar a los organizadores por el éxito alcanzado en esta edición.

De acuerdo con los estudios llevados a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la institución más valorada por los españoles es, precisamente, la familia. Y esas mismas encuestas señalan que más del 98% de los españoles viven en familia. A ello, debemos añadir el reconocimiento del valor social de la familia establecido por el artículo 39 de nuestra Constitución, nuestra norma jurídica suprema.

Por otra parte, me parece especialmente oportuno situar, en el pórtico de mi intervención, unas palabras que S.S. Benedicto XVI nos dirigió el 8 de julio de 2006, durante el V Encuentro Mundial de las Familias, en Valencia: “La familia es un bien necesario para los pueblos, un fundamento indispensable para la sociedad (…), un bien insustituible para los hijos(…). Invito, pues, a los gobernantes y legisladores a reflexionar sobre el bien evidente que los hogares en paz y en armonía aseguran al hombre y a la familia, centro neurálgico de la sociedad, como recuerda la Santa Sede en al Carta de los Derechos de la Familia[1]”.

Reflexionemos, pues, sobre este bien evidente, como nos sugiere el Santo Padre.

Siguiendo al profesor Guerra López[2], podemos decir que la familia es un tipo de fenómeno social en el que convergen tal cantidad de elementos procedentes tanto de la subjetividad de sus miembros como de los factores que integran su entorno, que siempre ha resultado difícil para las ciencias -como la sociología, la psicología, la economía, la política o la filosofía-, aproximarse a ella sin violentar su naturaleza profunda.

Así, por ejemplo, se puede intentar explicar la familia desde el punto de vista de los condicionamientos económicos que la rodean y determinan O bien considerar que la familia no es más que un momento transitorio en la dinámica antropológico-cultural que deviene hacia formas de organización social en las que ella ya no sería necesaria. O bien abundar en las aproximaciones psicológicas en las que se estudia a la familia desde el punto de vista de las vivencias, los sentimientos y el imaginario de los sujetos implicados en ella.

De entre muchas, podemos destacar la opinión de Claude Lévi-Strauss que sostiene en sus investigaciones que la unión duradera de un varón, una mujer y sus hijos es un fenómeno universal, presente en cualquier tipo de sociedad.

Estrictamente hablando y aplicando terminología científica, debemos decir que la familia natural es un “fenómeno general”, lo que significa que, aún en las situaciones en las que existen modos incompletos o irregulares respecto de ella, la familia natural se mantiene como referencia empírica y ética significativa. Dicho de otro modo, la familia natural entendida como comunidad de padres, hijos y otros miembros organizados en torno a la idea del matrimonio monogámico y heterosexual son un auténtico «imaginario general» que es tenido como arquetipo ideal y como criterio hermenéutico tanto para los individuos como para los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad.

Amplios estudios recientes, centrados en más de 250 sociedades diversas en diferentes épocas históricas, logran demostrar que existen funciones sociales que no pueden ser desempeñadas por otras instituciones distintas a la familia. Esto permite descubrir que la familia natural es un grupo primario que se constituye por la residencia común, la cooperación y la reproducción. No es posible que una sociedad produzca los bienes, códigos y símbolos que requiere para operar sin el concurso de la familia natural como referente empírico y ético significativo.

Por supuesto, no faltan autores que subrayan que la familia natural se ha deteriorado en su función de referente simbólico general, que la familia natural no ha sido más que un estadio que habrá de ser superado tarde o temprano.

Esta idea realmente no es nueva y tiene antecedentes en el pensamiento de los siglos XVI y XVII que sostenían una posición irracional sobre la vida afectiva Bajo esta visión, el matrimonio monogámico y heterosexual no es referente para la familia. La familia será reducida a cualquier forma de convivencia en la que se comparten sentimientos de familiaridad o en la que se problematiza conjuntamente el mundo.

Agudamente, Rocco Buttiglione ha advertido que tanto esta revolución moral de hace 300 años, como sus secuelas postmodernas en la actualidad, se corresponden con “modalidades de satisfacción del instinto de la fase adolescente de la vida” pero no afrontan “las más profundas exigencias sociales que conciernen a la reproducción de la especie, a la educación y a la inserción de los jóvenes en la realidad. Además, al considerar la sexualidad sólo al nivel del instinto, tiene dificultades para colocar los fenómenos emocionales que origina y que la acompañan y que son propios del hombre, especialmente el enamoramiento y, desde luego, el amor, como fundamento estable de la familia y, por tanto, de toda la vida asociada ”.

¿Qué quiere decir esto? Fundamentalmente quiere decir que la familia natural es un grupo primario para la vida social no sólo desde un punto de vista ético sino aún desde una perspectiva pragmática y funcional ya que la sociedad y la civilización son inviables si no cuentan con ella, con su dinamismo, con sus aportes.



La funcionalidad insustituible de la familia natural.


A grandes rasgos podemos afirmar que son cinco las principales funciones de la familia natural:

1.- La solidaridad intergeneracional: la familia natural promueve la existencia de solidaridad intergeneracional (abuelos-padres-hijos, por ejemplo) que permite que los miembros de la familia al poseer diversas edades y papeles puedan recibir diversos cuidados, afectos y atenciones a través del tiempo. Se ejercita en el ámbito de lo privado, es decir, de lo propiamente intra-familiar y tiene una incidencia fortísima en el ámbito de lo público: piénsese, por ejemplo, en los ancianos que al dejar de trabajar pueden ser acogidos, sostenidos y queridos por los más jóvenes.

2.- Transmisión cultural: la familia natural educa en la lengua, las costumbres, las creencias, etc..

En el proceso de transmisión cultural los roles diferenciados del varón y la mujer contribuyen a construir una imagen comprensiva de «lo humano». La dinámica afectiva diferenciada del padre-varón y de la madre-mujer abren un horizonte educativo a los hijos que les permite introducirse a la vida, en lo real. En la actualidad no es posible dudar de la importancia que tiene el vínculo madre-hijo en la primera infancia y de la importancia de la figura del padre conforme este vínculo se transforma a lo largo del desarrollo psicológico del niño.

3.- Sociabilidad (que no socialización): la familia natural desempeña la función de proveer los conocimientos, habilidades, virtudes y relaciones que permiten que una persona viva la experiencia de pertenencia a un grupo social más amplio. La familia es una comunidad en una amplia red de comunidades con las que se interactúa cotidianamente. Las personas desarrollan su “sociabilidad” (que no socialización), gracias a que la familia de suyo socializa dentro de sí y hacia fuera de ella.

4.- Control social: la familia natural introduce a las personas que la constituyen en el compromiso con las normas justas, con el cumplimiento de responsabilidades y obligaciones, con la búsqueda no sólo de bienes placenteros sino de bienes arduos que exigen esfuerzo, constancia y disciplina,.

5.- Afirmación de la persona por si misma: La familia enseña el valor que las personas poseen independientemente de su edad, salud o capacidad económica. Es esta función la que permite descubrir existencialmente la importancia de la propia dignidad y de los derechos humanos que tienen su fundamento en ella.

Estas cinco funciones que la familia desempeña son fundamentales para la vida social en general. El derrumbe histórico de las grandes civilizaciones acontece no sólo cuando existen poderes exógenos que desafían los poderes locales sino cuando la consistencia propiamente cultural de la sociedad, que habita en la familia, al estar debilitada, hace vulnerables a las instituciones y a su capacidad de respuesta y adaptación al entorno.

Me parece importante, en los momentos actuales, ahondar en la función de la familia como ámbito de la solidaridad intergeneracional, señala la profesora Teresa López [3] podemos opinar que resulta imprescindible entender que la familia actúa como red de esa solidaridad, transmisora de cultura y tradiciones y es determinante para justificar su apoyo, puesto que la solidaridad es un principio básico del Estado social de derecho, y debería ser un objetivo prioritario para los gobiernos.

Del desempeño de estas funciones se derivan también consecuencias económicas y políticas. Los agentes que participan en la actividad económica de un país son los hogares, las empresas y el sector público y no actúan de manera aislada, sus decisiones están fuertemente interrelacionadas.

El sector público no puede ser indiferente a las decisiones que toman las familias ni a las nuevas necesidades a las que se enfrentan. Las empresas tampoco pueden ser ajenas a ellas, ya que se benefician, en términos económicos, de familias estables y fuertes.

Existen además otros ámbitos en los que las interdependencias son especialmente significativas, demostrando la necesidad de la familia para el crecimiento de un país.

En primer lugar la familia como agente inversor. El desarrollo de una economía depende, principalmente, de la capacidad de inversión en capital humano y de su formación -no sólo académica- y la parte más importante se produce en las familias. Los valores que humanizan al hombre y a la sociedad se viven y se comienzan a aprender esencialmente en ella. Por tanto, una economía que quiera crecer con estabilidad no debe preocuparse sólo de tener buenas escuelas, sino también debe ocuparse de formar personas que crezcan en ambientes familiares equilibrados y estables.

La familia es también una unidad de ahorro y consumo. Sus actuaciones permiten reducir los costes que supone para la sociedad la labor de formación. Es además unidad de consumo e inversión que actúa de manera muy diferente a la de otros agentes económicos, y especialmente, a las de los individuos que viven solos.

Y en tercer lugar la familia lleva a cabo una clara función redistributiva de la renta. Por ejemplo, cuando se tienen hijos se incurre en unos costes adicionales que provienen de su educación y formación, y de cuyos resultados y logros nos beneficiamos todos, especialmente los mayores, y no únicamente aquellos que han tenido hijos. Esto significa que llevan a cabo una redistribución de renta entre personas, entre generaciones e incluso entre territorios (piénsese en las remesas dinerarias remitidas por los emigrantes a sus países de origen).

En definitiva la familia actúa como una red de protección primaria que alcanza a muchas personas y que si se rompe hará inviable la estabilidad social.

La necesidad de arbitrar políticas públicas de familia no está basada en circunstancias coyunturales, puesto que existen argumentos más sólidos y duraderos. Es necesario reflexionar en torno a ellos y trabajar en la elaboración de nuevas propuestas, acordes con la realidad de las situaciones a las que se enfrentan. Las mejores políticas de familia no son exclusivamente de tipo económico. Para tratar de mejorar su calidad de vida es preciso tener en cuenta, además de su nivel de renta, otros factores y su puesta en marcha exige mucha imaginación y mucha voluntad política. Estableciendo una normativa a su favor, se trabaja por la igualdad de trato entre todos sus miembros y se defienden sus derechos: el de la mujer a entrar y permanecer en el mercado de trabajo, el de los hijos a ser cuidados por sus padres, el de éstos a educar a sus hijos, etcétera.

En este sentido, a finales del año 2006, en Gran Bretaña la defensa de la familia empezó a verse ya como una pieza central de la política social y no como un tema para moralistas. Se trata de una de las principales apuestas de la modernización y el cambio de imagen del Partido Conservador. Más que una cuestión ética o ideológica, consideró este partido que se trata ya de una necesidad, y quizá se pueda convertir incluso en un problema de supervivencia.

David Cameron, líder del Partido Conservador, en el acto de presentación del informe “Breakdown Britain”, que analizaba las causas de la conflictividad social que afectan a los británicos, en especial a los jóvenes, declaraba: "Las familias son la fuente última de la fuerza o la debilidad de nuestra sociedad. Las familias importan porque casi todos los problemas sociales que afrontamos dependen de la estabilidad familiar. Si los índices de matrimonio suben, si los de divorcio descienden, si más parejas permanecen juntas por más tiempo, ¿sería mejor nuestra sociedad? Mi respuesta es sí. Y por lo tanto yo estableceré un sencillo test para todas y cada una de nuestras políticas: ¿Ayuda a las familias?"

Señoras y señores, esta simple pregunta -¿ayuda a las familias?-, aplicada a cada uno de los actos administrativos o legislativos emanados de nuestro Estado… ¡cuanto podrían cambiar las cosas!

Al igual que ahora es preceptivo que todo Proyecto de ley vaya acompañado de una “Memoria económica” y de un “Informe sobre el impacto por razón de género”, ¿por qué no acompañarlos con un “Informe sobre el impacto sobre las familias”?


Situación actual


Refiriéndonos ahora, en concreto a nuestro país, todos hemos podido observar como, ante las críticas de aquellos que no coinciden con las medidas legislativas relativas a la familia promovidas por el Gobierno, el PSOE ha venido empeñándose en destacar las políticas sociales que el Ejecutivo ha desarrollado para favorecer la vida de las familias. Pero, en mi opinión, lo que hay que analizar es si bastan estas ayudas materiales para que prospere la familia, cuando por medio de otras leyes lo que se hace es relativizar sus propiedades esenciales.

El Gobierno recuerda que a lo largo de estos años ha establecido medidas para promover la natalidad, para conciliar la vida laboral y familiar, para favorecer a las familias de los jubilados con pensiones más bajas, para apoyar a las familias con personas dependientes, para que los hijos de familias con menos recursos dispongan de más becas...

Probablemente son estas las leyes que han contado con más respaldo político, también a veces de la oposición. No ha habido apenas críticas contra ellas. Tampoco de la Iglesia.

Lo que se le reprocha al Gobierno es la incoherencia en su política familiar, pues no pocas veces los cambios en el derecho de familia tienen unos costes sociales que después se intenta paliar con prestaciones económicas.

Se crea el subsidio de 2.500 euros por nacimiento de un hijo, mientras que una aplicación laxa y fraudulenta de la ley del aborto hace que uno de cada seis embarazos en España no llegue a término, lo que no favorece ni el respeto a la vida ni la natalidad.

El divorcio exprés permite divorciarse a los tres meses del matrimonio sin separación previa, incluso por imposición unilateral de uno de los cónyuges, lo que se ha traducido en un aumento del 74% en el número de divorcios en un año.

Son bien conocidos los efectos de esta inestabilidad familiar, que a menudo tiene secuelas de precariedad económica de las familias a cargo de un solo cónyuge, problemas psicológicos y de fracaso escolar de los hijos, y dificultades para el pago de las pensiones. Pero a la vez el Gobierno predica la necesidad de la conciliación de vida laboral y familiar, para que ambos padres atiendan a los hijos; lamenta que tantos padres hayan abdicado de sus responsabilidades educativas y explica buena parte del fracaso escolar por las carencias de las “familias desestructuradas”.

De una parte, aprueba una ley que puede suponer una importante ayuda a los familiares que tienen a su cargo personas discapacitadas dependientes; de otra, la filosofía y la práctica que inspira el divorcio fácil es que no hay compromiso permanente, por lo que cabe preguntarse si en el futuro muchos mayores dependientes van a encontrar familiares que se ocupen de ellos.

Por un lado, se aprueba una ley para favorecer una presencia equilibrada de ambos sexos en la vida pública y profesional, con la idea de que así se integra mejor los enfoques masculino y femenino al abordar los problemas; en cambio, ya no hace falta que un niño tenga padre y madre, pues puede ser fruto de la inseminación artificial de la mujer sola o ser adoptado por una pareja del mismo sexo, lo que se supone que no implica ninguna carencia en su educación.

En fin, no cabe olvidar que este Gobierno, que califica de fundamentalistas y ultraconservadores a los críticos, y se presenta como símbolo de la moderación, empezó su andadura con una actitud realmente extremista en el derecho de familia: entre las diversas posibilidades de regular las uniones homosexuales, optó por abrirles el camino del matrimonio, solución que solo había sido adoptada por escasos países.

En la reforma de la ley del divorcio, el Gobierno hizo caso omiso del dictamen del Consejo de Estado, que no es ninguna dependencia de la Conferencia Episcopal, y que advirtió que ese modelo de divorcio “no es lo que rige en nuestro entorno jurídico y cultural”. El divorcio unilateral sin causa, decía el dictamen, “es realmente excepcional, y aceptado, siempre con plazos, en dos países nórdicos (Finlandia y Suecia), más alejados de nuestra tradición jurídica”.

Vistos los resultados, no parece exageradas las críticas suscitadas desde la Iglesia, señalando la formación de un clima cultural y social que “relativiza radicalmente la idea misma del matrimonio y de la familia”, y que fomenta un tipo de relaciones entre varón y mujer “opuestas al valor del amor indisoluble y al respeto incondicional a la vida desde el momento de la concepción a la muerte natural, realidad social posibilitada y favorecida jurídicamente por las leyes vigentes”.

A este respecto, podemos traer aquí las palabras del Papa Benedicto XVI[4]: “Las diferentes formas actuales de disolución del matrimonio, como las uniones libres y el “matrimonio a prueba”, hasta el pseudo-matrimonio entre personas del mismo sexo, son por el contrario expresiones de una libertad anárquica que se presenta erróneamente como auténtica liberación del hombre”.

Ante esto, el Gobierno lanza una cortina de humo cuando presenta la postura de los críticos como si pretendieran la imposición de una convicción religiosa, mientras que la del Gobierno estaría abierta a todas las ideologías. En realidad, la aprobación de una ley supone siempre el espaldarazo a un tipo de convicciones frente a las contrarias. Y el que una ley se apruebe por mayoría parlamentaria no la hace inmune a las críticas, no solo de la oposición política, sino también de la sociedad civil. Y una de las voces más representativas de esa sociedad civil es la de la Iglesia católica.

Pero el Gobierno socialista está todavía anclado en una idea de la laicidad que le lleva a denunciar como injerencia política cualquier pronunciamiento de la Iglesia católica sobre leyes civiles.

Por ello, me parece necesario dedicar una reflexión al laicismo como presupuesto previo desde el que se está atacando a la familia.


El laicismo

Al hilo de lo que acabo de decir, me parece especialmente importante recordar que la sociedad española de hoy es una sociedad plural, culturalmente cristiana pero profundamente secularizada. No obstante, desde un punto de vista sociológico, conviene señalar que un ochenta por ciento de los ciudadanos españoles mayores de dieciocho años se definen a sí mismos como católicos, de acuerdo con las encuestas del CIS.

Es evidente que esa autodefinición no implica, necesariamente, ni una practica religiosa ni una vida ordinaria coherente con la fe que se afirma. Sin embargo, este dato no debe hacernos infravalorar la potencia cultural, ética y moral que expresa un porcentaje de esas características. En un ambiente cultural como el actual esa realidad social sólo puede entenderse como una confirmación más de la presencia entre nosotros de un auténtico patrimonio de civilización herencia de nuestras raíces cristianas.

Pero si es necesario denunciar que el peligro para la libertad y para la democracia -"cuya fuerza depende de los valores que promueve"[5]- es el laicismo, es decir, querer encerrar las convicciones religiosas en el ámbito de lo privado negándoles cualquier relevancia publica. Hay países en donde el laicismo se ha desarrollado hace mucho tiempo, pero es en España donde de manera especial vemos en estos tiempos que se quiere imponer de forma tan descarada como implacable. Es muy importante a estos efectos, que tomemos conciencia de que "apoyando nuestro patrimonio cristiano es como podemos derrotar esta cultura laicista"[6].

La España de hoy está organizada jurídicamente como un Estado aconfesional. Por tanto, los poderes públicos tienen el deber de respetar las creencias religiosas de los ciudadanos y cooperar con la Iglesia católica y con las demás confesiones en la medida en que se correspondan con las creencias religiosas de los españoles. Pretender, por tanto, convertir el Estado en laico, aún reconociendo las diversas acepciones que la palabra admite, no puede significar en la práctica sino la pretensión de una mutación constitucional sin mandato alguno para ello.

Lo que me propongo es dejar sentado que hoy se pretende políticamente desnaturalizar o vaciar de contenido la definición constitucional de aconfesionalidad del Estado. Esta aconfesionalidad expresa neutralidad, que no indiferencia, de los poderes públicos ante el hecho religioso como garantía expresa de la libertad religiosa y de la libre expresión de esas creencias en el ámbito público, reconociéndolas como un bien jurídico a proteger.

No hago referencia a esta cuestión desde un planteamiento teórico, hipotético o académico. Todo lo contrario. Lo planteo desde una perspectiva actual y política para poner de relieve que uno de los graves riesgos ante los que se encuentra la sociedad española, en mi opinión, en estos momentos es, precisamente, el de intentar imponer una nueva religión oficial y obligatoria, el laicismo que niega el derecho a la libertad religiosa, ofende a los valores y creencias de una buena parte de la sociedad española y es contraria a nuestra identidad cultural e histórica.

He hablado de Estado laico que sólo puede entenderse como un Estado distinto del definido en nuestra Constitución y por tanto con la acepción especifica de laicista. Pero el riesgo va más allá del Estado y se extiende, ahora, a la propia sociedad. Cada día es más frecuente escuchar, desde elevadas instancias del poder, la voluntad política de transformar la sociedad española en una sociedad laica. Cualquier atento observador de la realidad española puede percibir como esa voluntad se va materializando de forma difusa pero constante. Baste una frase como paradigma de esta afirmación: "respetamos a la Iglesia pero la fe no se legisla[7]"

Esta frase: "la fe no se legisla", es el paradigma del laicismo, y muy particularmente del laicismo que se nos quiere imponer aquí y ahora en España. Por ello es de vital importancia salir al paso de esa expresión con opiniones claras y argumentos sólidos a fin de desenmascarar tanto la intolerancia que encierra como la inconsistencia argumental que la sostiene.

Es evidente, por ejemplo, que la obligación religiosa de los católicos de asistir a misa los domingos no puede nunca ser regulada desde el ordenamiento jurídico positivo del Estado. Pero estoy seguro de que el autor de aquella frase -la fe no se legisla- no nos estaba queriendo decir esa obviedad. Más bien me parece que nos debemos situar en el plano de las convicciones, donde existe una doble patología: la del fundamentalismo y la del relativismo.



El relativismo cultural y moral.

Los fundamentalistas afirman una verdad que no necesita el consentimiento de la libertad de los otros para ser asumida mientras que, por su parte, los relativistas afirman una libertad que no tiene el deber de reconocer la verdad[8]. Lo cierto es que "verdad y libertad o bien van juntas o juntas perecen miserablemente"[9].

Debemos recordar, a este respecto, que el buenismo marcha de la mano del relativismo. No es nueva la afirmación de que "admitir que nada es verdad ni mentira, sobre todo a la hora de hacer uso del poder, sería una exigencia obligada para frenar toda tentación autoritaria". [10]

Pues bien, el fundamentalismo laicista -que se esconde tras la expresión "la fe no se legisla"- confunde voluntariamente laicidad con laicismo y pretende que aceptemos sus verdades -como todo fundamentalismo-, de forma acrítica.

Por otra parte, la conversión de España en un Estado laico y en una sociedad laica, consecuencia evidente del laicismo, nos llevaría, necesariamente, a "una concepción de la democracia fundada sobre el relativismo, reduciéndose meramente a un procedimiento de toma de decisiones por mayoría"[11].



La laicidad del compromiso político.


La ley es -según la conocida definición-, una "ordenación de la razón al bien común promulgada por quien tiene a su cargo la comunidad"[12].

Por ello, debe ser salvaguardada la tutela y "la promoción de la familia, fundada en el matrimonio evitando introducir en el orden público otras formas de unión que contribuirían a desestabilizarla, oscureciendo su carácter peculiar y su insustituible rol social"[13].

Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las Declaraciones internacionales de los derechos humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (piénsese, por ejemplo, en la droga y la explotación de la prostitución)[14].

Estos principios están inscritos en la naturaleza humana y por lo tanto son comunes a toda la humanidad[15]. Defender estos principios, por tanto, no es "legislar la fe" sino que es defender a la persona, y, al actuar así en política, no se hace de manera confesional sino en defensa de la dignidad de la persona humana.

Por resumir, hoy en España, el discurso laicista se fundamenta en una especie de silogismo en el que a la premisa mayor le corresponde la afirmación de que sus propuestas se derivan necesariamente de la Constitución, de la democracia y del pluralismo. A la premisa menor le correspondería la afirmación de que sus iniciativas -sobre la vida, el matrimonio, la familia, la educación, etc.- aparecen vinculadas necesariamente a la tolerancia y al consenso social. De esta forma, la conclusión inevitable resulta ser que toda oposición hacia esas propuestas está fundamentada en convicciones intolerantes por ser incompatibles con el pluralismo social y la aconfesionalidad del Estado.

Puesto que como ya dijimos, a la política le corresponde el ámbito de la razón, conviene afrontar una de las ideas que con más eficacia circulan implícitas y explícitas a este discurso. La de una supuesta tolerancia con base en la cual nadie puede imponer sus convicciones a los demás. Es demoledor el argumento que con frecuencia se oye decir: "Si a usted le parece mal, no lo haga, pero deje que los demás lo hagan si les parece bien" y su correlativo "¿Quién soy yo para decir a los demás cómo han de organizar sus vidas?"[16]

Puedo asegurarles, desde mi experiencia personal, que en los debates parlamentarios correspondientes a las iniciativas legislativas, por ejemplo, sobre el matrimonio, es recurrente esta idea. "A nadie se le obliga a divorciarse, entonces ¿por qué os oponéis a que lo haga quien lo desea? Podemos cambiar divorcio por aborto pero es curioso observar como el argumento ya no sirve para limitar o prohibir, por ejemplo, el tráfico de armas o de drogas o simplemente circular a más de 120 km por hora. Lo falaz de esa argumentación pone de manifiesto la jerarquía de valores y de bienes jurídicos a proteger, pero eso no quita eficacia a la argumentación.

Y termino. Pero antes, quisiera dejar sentados algunas de las cuestiones y problemas pendientes de resolver en el ámbito de la familia.

1.- La incorporación creciente de las mujeres al trabajo y las nuevas responsabilidades asumidas han sido fuente de nuevos problemas que hoy no encuentran solución adecuada. Persisten importantes diferencias laborales entre hombres y mujeres. Hoy, es necesario adoptar medidas que permitan conciliar la vida familiar y laboral, de manera que nadie tenga que elegir entre la familia y el trabajo.

2.- El progresivo descenso de la natalidad acaecido en España en los últimos años y el envejecimiento progresivo de la población proyecta graves sombras de futuro sobre la economía, con incidencia directa en las expectativas de protección social, productividad y capacidad de crecimiento. Sin embargo, todas las encuestas revelan que las mujeres españolas desearían tener más hijos y que si no lo hacen es principalmente por motivos económicos.

3.- Las últimas modificaciones legales introducidas en la familia se han caracterizado por fomentar directamente su inestabilidad (divorcio exprés, matrimonio homosexual) sin que simultáneamente se hayan adoptado medidas dirigidas a paliar sus efectos (mediación familiar) o son decisiones pretendidamente reconocedoras de derechos individuales que no tienen el suficiente respaldo social ni científico (adopción en el matrimonio homosexual, posibilidad de reconocimiento en el matrimonio integrado sólo por mujeres). Esas modificaciones revelan un profundo cambio en la forma de entender la familia, y desestructuran sus bases tradicionales (el matrimonio prácticamente se independiza de la familia, al ser configurado sólo como una forma de organización de la vida en común de la pareja), con efectos apreciables sólo en el largo plazo.

4.- El régimen fiscal es discriminatorio para las familias. En el IRPF, según las fuentes y el número de perceptores. Y en los demás tributos, la familia es prácticamente desconocida.

5.- Las mayores dificultades las encuentran las familias numerosas. Los beneficios fiscales y económicos aplicables son casi simbólicos. A las familias numerosas se deben equiparar las familias en situaciones especiales (con personas con discapacidad o con enfermedades que limiten la autonomía personal de sus miembros).

6.- En esta situación, la familia española se encuentra a la cola en el régimen de contraprestaciones que recibe del sector público (0.5 por cien del P.I.B., frente al 2.2 por cien de media de la UE, según datos de EUROSTAT 2.006).

Y ya, por último, me permito volver a recordar, por su importancia, que todas las funciones que la familia desempeña de manera insustituible, tienen una indudable repercusión económica. Y, no sólo al generar riqueza directamente, sino también al producir un importante ahorro de costes. Las deficiencias en el funcionamiento de la familia tienen que ser compensadas con la intervención pública. Esta intervención, además de tener un carácter sustitutivo y, por tanto, de menor valor que el original, genera importantes costes. De manera que podemos asegurar, con rotundidad, que la familia es el futuro del Estado del Bienestar.



Señoras y señores, Juan Pablo II, en el contexto del Gran Jubileo del año 2000, quiso ofrecer a los políticos y a los gobernantes, la protección de un Patrono especial: el santo mártir Tomas Moro.

A su intercesión nos acogemos para que nos obtenga, como señaló Juan Pablo II, "fortaleza, buen humor, paciencia y perseverancia". Para poder ser "imitadores suyos, testigo valiente de Cristo e integro servidor del Estado"[17].

Muchas gracias.

[1] Discurso del Papa Benedicto XVI en la Vigilia del V Encuentro Mundial de las Familias. Valencia, 8 de julio de 2006.
[2] Rodrigo Guerra López, “¿Familia o familias?”, Conferencia Internacional de Doha por la Familia – ONU, 2004
[3] Teresa López López. Familia y Política. 2008
[4] Discurso de Su Santidad Benedicto XVI en la apertura del Congreso Eclesial de la Diócesis de Roma. Sobre la Familia y la Comunidad Cristiana. 6 junio 2005.
[5] Evangelium Vitae, 70
[6] Benedicto XVI. Discurso a los participantes en un Congreso promovido por el Partido Popular Europeo, 29 de marzo de 2006
[7] Declaraciones del Presidente del Gobierno, Europa Press, 17 enero 2006
[8]Rafael Navarro Valls. Tolerancia, laicidad y libertad religiosa. Cristianos y democracia. Pág. 94.
[9] Juan Pablo II. Fides et Ratio.
[10] Andrés Ollero. El derecho a lo torcido, en El fraude del buenismo. Ed. FAES, 2005. Véase también H. Kelsen, Forma de Estado y Filosofía, Ed. Labor. Barcelona, 1934.
[11] Andrés Ollero. Democracia y relativismo en una sociedad multicultural. Cristianos y democracia. Pág. 50.
[12] Santo Tomás de Aquino
[13] Id.
[14] Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, n. 4. Congregación para la Doctrina de la Fe, 2002.
[15] Benedicto XVI. Discurso a los participantes en un Congreso promovido por el Partido Popular Europeo, 29 de marzo de 2006
[16] Id.
[17] Juan Pablo II. Discurso a los participantes en la Asamblea de Parlamentarios con ocasión del Gran Jubileo. Vaticano, Aula Pablo VI, 4 noviembre 2000.