Intervenciones Parlamentarias de Jorge Fernández

viernes, 24 de abril de 2009

Pleno del Congreso de los Diputados, 21 abril 2009

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO EL
GOBIERNO APROBAR PARA HACER EFECTIVA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE
LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas que han sido presentadas,
en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente,
señorías, decía el señor Llamazares que para su grupo
parlamentario, para su fuerza política, esta Ley de la
Memoria Histórica es un punto de partida y un punto
de llegada para conseguir que se reconozca el derecho
a la verdad, el derecho a la memoria democrática, y
para la creación, entre otras cosas, de un marco institucional
en el que se puedan desarrollar políticas
públicas de apoyo a la memoria democrática. Dense
cuenta cómo hemos pasado de la memoria histórica,
que ya era un concepto jurídico indeterminado —la
memoria siempre hace referencia al pasado, la historia
también; o es redundante o es contradictorio—, a la
memoria democrática. Tuve ocasión durante el debate
de la ley de decirle a don Joan Herrera que cuando uno
oye hablar de memoria democrática es cuando uno oye
hablar de ingeniería financiera o de ingeniería social.
¿Quién determina que la memoria es democrática?
¿Ustedes? Yo le dije entonces y reitero hoy que hay
determinados conceptos que suenan a ponencia política del Partido Comunista de la China, pero no de la
China actual, de la China de la época de la revolución
cultural. Estamos en el año 2009… (El señor
Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se
perciben.) Sí, señor Llamazares, estamos en el
año 2009 y, si usted sale a la calle, seguramente se dará
cuenta de que esa amplísima demanda social a la que
hacía referencia de las organizaciones defensoras de
la memoria histórica y de la memoria democrática
tiene su razón de ser, claro, pero seguramente no sintoniza
con las preocupaciones de la mayoría de los
ciudadanos, que están hoy preocupados por si sus
pensiones van a estar garantizadas después de las discrepancias
existentes entre el gobernador del Banco
de España y las autoridades del Gobierno, o si su
empleo lo van a poder mantener a la vista de las situaciones
que un día sí y otro también van saliendo con
relación a la crisis que estamos viviendo, y ustedes
están en lo que están, en reescribir la historia. Yo creo
que tiene una cierta coherencia que ustedes, dicho con
todo el respeto, reivindiquen —en todo caso pueden
reivindicar lo que quieran, faltaría más— estas cosas.
Tiene menos sentido que el Gobierno, que debería estar
en formar parte de las soluciones a los problemas y
preocupaciones de los españoles, esté en crearles más
problemas y más preocupaciones.
Le decía que las asociaciones defensoras de la
memoria histórica y la memoria democrática —y a eso
atiende la enmienda que mi grupo ha presentado—
tienen sus motivos, y esta ley tiene trampa. El artículo
11.1 de esta ley —y les cito literalmente— dice:
Las administraciones públicas, en el marco de sus
competencias, facilitarán a los descendientes directos
de las víctimas que así lo soliciten las actividades de
indagación, localización e identificación de las personas
desaparecidas violentamente durante la guerra
civil o la represión posterior. Lo previsto en el párrafo
anterior, lo que acabamos de decir, el reconocimiento
de ayuda para los descendientes directos de las víctimas,
se hace extensivo a las entidades que incluyan
el desarrollo de tales actividades entre sus fines, pero
eso sí, señor Llamazares, las constituidas antes del 1
de junio de 2004, es decir, las constituidas tres años y
medio antes de la entrada en vigor de la ley. ¿Qué le
parece? Eso es magistral. Normalmente, los efectos de
las leyes empiezan a operar a partir de la aplicación de
las leyes, cuando esas leyes generan unos derechos,
unas expectativas y, a partir de ahí, se dice: Se abre el
registro, se consideran entidades que incluyan entre
sus fines el desarrollo de las actividades que están
contempladas en esta ley y se establece un plazo
máximo, a los efectos de una cierta seguridad jurídica,
para inscribirse en el registro. Lo que no se había
hecho nunca —debe ser por lo de la memoria histórica—
es que la ley tuviera efectos retroactivos. Solo
están legitimadas para realizar estas actividades y
obtener esas ayudas las entidades que estuvieran constituidas
tres años y medio antes de la entrada en vigor de la ley. Creo que eso ya violenta no solo el ordenamiento
jurídico sino el sentido común. El sentido de
nuestra enmienda es modificar este apartado 1 de este
artículo 11 en el sentido de eliminar esta restricción y
que se establezca un plazo, a partir de ahora, en el que
las entidades, las asociaciones, las organizaciones que
lo deseen puedan empezar a actuar y que tengan también
la garantía del acceso a esas subvenciones y a esas
ayudas. Porque, si no, pasan casos concretos como el
lamentable de la familia de Federico García Lorca, que
no estaba por la labor de esa exhumación, pero había
unas asociaciones —porque viven de eso, vamos a
decirlo claramente, porque, si no, no tienen las
ayudas— que sí lo querían, y había un conflicto entre
lo que quería la familia y lo que querían unas entidades
constituidas con esa finalidad. Yo supongo que ustedes
quieren de verdad que se haga justicia y que las personas
que tengan a sus familiares en paradero desconocido
y hubieran padecido violencia o persecución
con ocasión o por consecuencia de la guerra civil,
puedan tener todas las facilidades para poder resolver
ese problema, para que se les ayude, es una cuestión
incluso, si cabe, humanitaria. Por tanto, confió en que
ustedes aprobarán la enmienda que nosotros presentamos.
En caso contrario, tendremos que pensar, como
no se lo oculto que pensamos, que esta malhadada Ley
de Memoria Histórica no pretende lo que presuntamente
se dice, sino que lo que pretende es reescribir
la historia; y donde antes había unos buenos y unos
malos, haya unos malos y unos buenos. Esto es desandar
el camino de la transición y es deshacer el espíritu,
incluso la letra, del pacto constitucional. Ustedes,
Izquierda Unida, que no el Partido Comunista, no
estuvieron en el pacto constitucional; no están con esta
posición en el pacto constitucional. Sí lo estuvo el
Partido Comunista, como lo estuvo en el año 1956,
cincuenta años después de la declaración del comienzo
de la guerra civil en el manifiesto que firmó el Partido
Comunista de España por la reconciliación nacional.
Todo eso se lo dije al señor Herrera en los debates en
la Comisión Constitucional, pero ya sé que esto para
ustedes es agua pasada. En todo caso, señorías, para
mi grupo parlamentario la mejor ley de memoria histórica,
la mejor ley de partida y de llegada es la Constitución
española.
Termino. La Constitución española, la Constitución del consenso, de
la reconciliación, en el espíritu y en la letra, y desde ella
nos encontrará para cuantas leyes de reconciliación
quiera; para esta ley, no. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Fernández Díaz.

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