La Razón, 27 de noviembre de 2009

EL ABORTO: CUESTIÓN DE CONCIENCIA


“Al votar una ley sobre el aborto, mi conciencia me interpela”. Así lo afirmaba ayer en un artículo publicado en El País, el Presidente del Congreso, José Bono.

Al hilo del debate que ha comenzado su andadura parlamentaria, el autor expone las razones por las que él considera que se puede votar -siquiera sea como “un mal menor”-, esta ley que, alega, “tiene como objetivo fundamental reducir el número de abortos que se producen en España”. Vaya por delante mi reconocimiento al deseo que expresa el Presidente del Congreso de buscar un “terreno compartido” –al que alude glosando el encuentro que mantuvo Obama con Benedicto XVI-, desde el que podamos respetarnos primero y ponernos de acuerdo después, personas que militamos en posiciones políticas distintas y aun con convicciones y creencias diferentes. Este esfuerzo del autor debe valorarse en sus justos términos porque en la España de hoy, sumida en una profunda crisis económica superpuesta a una no menos profunda crisis de valores, es preciso tender puentes y no cavar trincheras cuando el debate afecta, además, a una cuestión como la que nos ocupa -el aborto-, con graves connotaciones jurídico-constitucionales, científicas, éticas, morales y sociales.

Sin embargo, mi discrepancia básica con la tesis del autor radica en que, para él, este proyecto de ley es un “mal menor” frente a la actual regulación porque, afirma, “reducirá claramente el escandaloso número de abortos que se producen en nuestro país con la ley actual”. Su diagnostico de partida, a estos efectos -siguiendo el Dictamen del Consejo de Estado-, yo lo comparto: la aplicación en claro fraude de ley del llamado “tercer supuesto” –salud psíquica de la madre, y sin limitación temporal-, produce el 97% del total de abortos en la actualidad. Se pregunta el autor: ¿es esta normativa la que hay que preservar? Y se responde: evidentemente no. Yo le replico: evidentemente, lo que hay que hacer es cumplir y hacer cumplir la ley evitando, en consecuencia, ese masivo fraude de ley en el que se está aplicando ese “tercer supuesto” que nos ha llevado, de hecho, a una situación de práctico aborto libre en estos momentos.

Por el contrario, la respuesta que a esta grave situación da el Gobierno es el “Proyecto de Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, que provoca que una conducta pase -conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional-, de estar tipificada en el Código penal, con excepciones en algunos supuestos, a convertirse en nada menos que en un derecho. ¿Puede pensarse razonablemente que con esta radical mutación normativa se puede reducir el número de abortos?

Ojalá los deseos del Presidente del Congreso sobre la mejora de la ley pudieran producirse pero me temo que no va a ser posible: los fundamentos ideológicos sobre los que se ha elaborado están en las antípodas de los principios éticos y convicciones que él manifiesta en su artículo.

Basta ver, a estos efectos, como en esta nueva regulación del aborto, ni se les reconoce el derecho a la objeción de los profesionales implicados, ni se admite el voto en conciencia de los Diputados que deben votarla.

En todo caso, con José Bono se puede debatir y se puede discrepar, precisamente porque él sí se esfuerza por buscar ese “terreno compartido” sobre el que poder hacerlo desde el respeto mutuo.


Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados

Comisión Constitucional, 25 de noviembre de 2009

PROPOSICIÓN NO DE LEY POR LA QUE SE IMPULSA LA RESTITUCIÓN O COMPENSACIÓN A QUIENES FUERON PERJUDICADOS POR LA INCAUTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS VINCULADOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA FRANQUISTA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Como es sabido y dije antes, en la Ley de Memoria Histórica nuestro grupo parlamentario votó a favor los artículos 5 al 9 inclusive, que se referían precisamente a cuestiones vinculadas con reclamaciones de particulares, de colectivos, de empresas, etcétera, por razón de lo que presuntamente era el objeto de la ley, por ocasión o consecuencia de la guerra civil. Hasta ahora la posición de mi grupo ha sido la de manifestar que, desde un principio de seguridad jurídica y estabilidad institucional, no se pueden mantener abiertas permanentemente las demandas y las reclamaciones de estas características. Hace más de setenta años que terminó la guerra civil; hace más de treinta años que está aprobada la Constitución; hace pocos días hizo treinta y cuatro años que murió Franco; es decir, las cosas tienen sus periodos de prescripción y de caducidad. Desde la posición del Gobierno parecía que con la Ley de Memoria Histórica quería resolver estas cuestiones. Al final, el tiempo quita y da razones. Y lo cierto es que si por sus frutos los conoceréis, los frutos de esa lamentable Ley de Memoria Histórica, desde nuestro punto de vista, no son precisamente positivos, porque los grupos parlamentarios que apoyaron al Gobierno para la aprobación de esa ley un día sí y otro también en esta Comisión Constitucional o en el Pleno de la Cámara están planteando iniciativas que son negadas por el grupo del Gobierno, porque entienden que no entran en el ámbito de aplicación de la ley o, dicho de otra manera, que no tienen cobertura en la ley y que la ley, bien porque esas demandas no fueran presentadas en el momento procesal oportuno, cuando se estaba elaborando el proyecto de ley y cuando aquí, en sede parlamentaria, se tramitó la ley o bien porque habiendo sido planteadas, no fueron aceptadas. Esa ha sido la posición de Gobierno y ha sido nuestra posición, no porque coincidamos con el Gobierno, sino porque nos parece que nuestra posición tiene sentido. Por eso he reiterado que esos artículos fueron votados a favor por parte de nuestro grupo parlamentario. Este es un ejemplo más de lo que estoy diciendo.
Hace poco tuvimos ocasión también en esta Comisión de debatir también una iniciativa de Convergència i Unió, relativa a las incautaciones de moneda republicana que se produjeron por parte en el bando nacional y se pedía también que hubiera la reparación correspondiente.

Hoy tenemos un ejemplo. Entonces se hacía referencia a familias particulares cuyas monedas republicanas habían sido incautadas; hoy tenemos un ejemplo que hace referencia a una familia, a unas personas físicas, titulares de un patrimonio correspondiente a unos periódicos, que fueron incautadas en el año 1938 y que por no ser afectos a los principios del movimiento nacional, después, a diferencia de otros supuestos, no les fueron devueltos a sus legítimos propietarios una vez acabada la guerra civil. Es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Es más, tengo aquí delante una información en la que se hace referencia a que la estimación del coste de esta reclamación -lo que sería la memoria económica, si me permiten el símil- es que solo en maquinaria y material, a 1 de enero de 1936, la editora acumulaba un valor patrimonial de 2,7 millones de pesetas, una cifra -dice- que actualizada con la inflación sitúa la deuda en 4,9 millones de euros. La familia Busquets maneja una indemnización por daños y perjuicios cercana a los 14 millones de euros entre el valor sustancial de la empresa, el Fondo de Comercio y la pérdida de beneficios por la interrupción de la actividad; total, 18 millones de euros sería más o menos el coste de la reclamación que aquí se plantea por la vía de esta proposición no de ley. Al margen de la cuantía económica, por razones de oportunidad ya diríamos que no -tenemos una situación económica con un déficit desbocado-, pero no son solo razones de oportunidad, son razones de fondo, como la que expuse antes, y es que no podemos tener permanentemente abierto el Estado con reclamaciones que tienen que ver, insisto, con hechos que sucedieron hace más de setenta años; alguna vez eso debe terminar. Y el Gobierno pretendió que eso terminaba con la Ley de Memoria Histórica. Insisto, la experiencia está demostrando que ni ha contentado a los que entonces nos oponíamos, ni ha contentado a los que entonces lo apoyaron. Repito, eso demuestra hasta qué punto hay determinadas confianzas que después se ven defraudadas.

He dicho antes que la coherencia se presume en el grupo del Gobierno, cuando ha dicho en iniciativa similares que, por las razones que antes aduje, no podían aceptar esas pretensiones, que el ámbito de aplicación de la ley es el que es y las reclamaciones o pretensiones que no quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la ley no pueden ser atendidas. Hasta ahí podíamos estar de acuerdo pero, repito, que el Gobierno se aplique la coherencia hasta el final y que el grupo del Gobierno se la aplique hasta el final, porque a estas horas, señor presidente, se está debatiendo en la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara -y me permito traerlo aquí, porque hay un nexo lógico y racional importante- una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en la que pide -y cito literalmente- recuperar la memoria histórica -por eso estamos hablando de la Ley de Memoria Histórica- en relación a los moriscos, que fueron expulsados por el rey Felipe III hace cuatrocientos años de los reinos de España, y dice que es hoy ejercicio de recuerdo crítico del pasado que nos ha configurado, así como tarea de concienciación ciudadana respecto a donde pueden llegar la intolerancia, el fanatismo, el racismo sociocultural o simplemente la fuerza de peligrosos perjuicios enquistados en el imaginario social. No está hablando de no sé quién, está hablando de los españoles del siglo XVII en el contexto de la recuperación de la memoria histórica. Por tanto, no contenta ni a unos ni a otros. Esto lo dice su propio grupo parlamentario en otra Comisión. Con todos los respetos, si hubiera venido a esta Comisión, no sé en qué posición se hubiera encontrado el Grupo Parlamentario Socialista, porque nadie puede ir contra sus propios actos. Aquí resulta que reabren la memoria histórica, porque no tengo conocimiento de que cuando estuvimos debatiendo la ley los moriscos pidieran ser incluidos en el ámbito de aplicación de la ley; lo digo sinceramente, me parece que no quedaron incluidos en el ámbito de la ley. Y ya que habla de la expulsión de los moriscos, podrían aplicarla a la expulsión de los jesuitas. Que yo sepa los expulsó Carlos III y la II República. ¿Por qué nos vamos a compensar, como pide la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, también a los jesuitas? Es más, ya que estamos hablando de esta pretensión, uno podía pensar por qué en el mismo día en la Comisión Constitucional le niegan a la familia Busquets lo que pide y se lo dan los socialistas los moriscos. ¿Es que los moriscos eran más desafectos al régimen, a los principios del movimiento nacional, que la familia Busquets, titular de esos medios de comunicación? No lo entendemos. Y si los moriscos hubieran sido titulares de medios de comunicación, ¿se los hubieran compensado, como el Grupo Parlamentario Socialista pide en este momento para los moriscos?

Sé que suena a broma y estoy haciendo una cierta broma, pero hay cosas que o te las tomas a broma o no te las puedes tomar de otra manera porque, repito, en estos momentos, cronológicamente, de forma simultánea en la Comisión de Exteriores con relación a la memoria histórica el Grupo Parlamentario Socialista está predicando lo contrario de lo que está diciendo en esta Comisión. Esa contradicción es la que quiero poner de manifiesto en estos momentos, para que se vea que lo que no podemos hacer es un uso alternativo del derecho y que la coherencia sirva solo lunes, miércoles y viernes, y no martes y jueves, o que sirva para la Comisión Constitucional y que no sirva para la Comisión de Exteriores. Valga como ejemplo, señores del Grupo Parlamentario Socialista, para que también se coordinen ustedes y no nos obliguen a los que intentamos ser coherentes y poner muy difícil que nuestra coherencia acompañe a la que presuntamente debería guiarles a ustedes.

Comisión Constitucional, 25 de noviembre de 2009

PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE LA RETIRADA DE LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE LOS ENTES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: La posición de mi grupo parlamentario en relación con la Ley de Memoria Histórica es lo suficientemente conocida como para que no la tenga que reiterar en estos momentos. Sin embargo, quiero recordar que nuestra posición política en relación con esa ley a lo largo de las diferentes etapas por las que se desarrolló el proceso de su elaboración y finalmente aprobación podíamos resumirla en decir que estábamos radicalmente en contra del espíritu que animaba e impulsaba esa ley. Sin embargo, a pesar de ese espíritu que le envolvía, estábamos a favor de aquellas disposiciones -concretamente las que se referían o estaban contenidas en los artículos 5 a 9 de la ley, ambos inclusive- y las votamos así porque entendíamos que eran las únicas que se acomodaban de verdad a la literalidad del título de la ley porque afectaban a situaciones personales: a hijos, a nietos, a viudas, a personas que por diversas circunstancias, con ocasión o por consecuencia de la guerra civil, habían padecido unas situaciones personales que era justo que nuestra democracia reparara, partiendo de la base de que, al igual que hemos dejado constancia expresa en diferentes ocasiones, en nuestra democracia y desde el mismo comienzo de la transición se han ido dictando por los sucesivos gobiernos -primero de la UCD, después, de Felipe González; después, de José María Aznar, del Partido Popular- numerosísimas disposiciones con diferente jerarquía normativa que han ido reparando esas situaciones de objetiva desigualdad o injusticia. Ya tuve ocasión de señalar en una anterior intervención en esta misma Comisión Constitucional que eso afectaba -en el mejor sentido de la expresión- a muchos miles de compatriotas y que ascendía a un montante muy elevado de euros.

Eso fue en el contexto de un debate donde parecía que nos preocupábamos nosotros de reparar presuntas injusticias o agravios con sindicatos o partidos políticos y, sin embargo, no lo hacíamos con los particulares, con los ciudadanos. Es bueno recordarlo en el contexto de esta intervención porque de la misma manera que votamos -y por la razón que sucintamente ahora he recordado- a favor de esos artículos, votamos en contra del resto de la ley; resumiéndose nuestra posición en que, si se me permite la expresión, la mejor Ley de Memoria Histórica fue la Constitución de 1978, que por algo fue conocida y lo sigue siendo como la constitución de la reconciliación, de la concordia y del consenso y que no hizo sino culminar todo un proceso de transición política que estuvo impulsada por el mejor espíritu de reconciliación, de no mirar hacia atrás con ira sino hacia delante con esperanza, y no para olvidar el pasado, sino para extraer de ese pasado las experiencias suficientes para no volver a repetir lo que de negativo o especialmente negativo tenía y tiene ese pasado y que culminó en la guerra civil para, al mismo tiempo, extraer todas las experiencias de esa desgracia y que no volvamos a repetir en el futuro no ya una experiencia semejante sino unos enfrentamientos y unas discordias civiles como las que al final precipitaron en aquella desgracia, en aquel desastre colectivo que fue la Guerra Civil de 1936. Por eso votamos en contra la Ley de Memoria Histórica.

Entonces reiteré y quiero reiterar ahora, porque estamos en la Comisión Constitucional, que el espíritu del Grupo Parlamentario Popular y la posición política del Partido Popular en relación con estas cuestiones quedó sancionada solemnemente en la resolución de esta Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002, donde por unanimidad se recogieron todos los aspectos que después han sido integrados con desigual fortuna, desde luego con espíritu radicalmente opuesto, en la Ley de Memoria Histórica. Quiero recordar además que tiene un especial valor nuestra posición política, la que quedó reflejada y a nuestros efectos se mantiene vigente en esa resolución, reitero, aprobada por unanimidad en la Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002, porque en aquél entonces el Partido Popular tenía mayoría absoluta en esta Cámara; tenía 183 diputados. Por tanto, creo que el beneficio de la duda ni siquiera puede existir respecto de que aquella era nuestra posición y nuestra voluntad política. Pudimos haberla evitado porque teníamos la mayoría suficiente para haber aprobado resoluciones diametralmente opuestas en la línea del espíritu de la Ley de Memoria Histórica y que hubieran sido legítimas y democráticas porque una mayoría democrática de esta Cámara lo hubiera hecho, pero no lo hicimos. Con voluntad de consenso, en el espíritu del pacto constitucional y en la medida en que había demandas vivas en esta Cámara de muchos grupos parlamentarios, acordamos aquella resolución. Comprenderán ustedes que no estamos dispuestos, ni se nos puede pedir -y si se nos pide, con toda tranquilidad vamos a negarnos- a que un día sí y otro también, a instancia de este o aquél grupo parlamentario, estemos teniendo que reiterar cuál es nuestra posición política y, al parecer, aceptar que nos expidan certificados de demócratas. No estamos por la labor, no lo queremos ni lo pedimos. Aquella es nuestra posición política; somos fieles a los pactos y seguimos en esa posición.

Para concluir, la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista me parece que es prácticamente copia literal de lo que dice el artículo 15 de la Ley, y sería contradictorio y poco coherente por quien habla y del grupo parlamentario al que represento que si votamos que no a ese artículo en la ley, ahora una enmienda que lo que hace es reproducir cuasi literalmente el artículo de la ley, lo votemos a favor. Además, teniendo en cuenta el entusiasmo del grupo proponente que ni siquiera viene a defenderlo, el entusiasmo de este grupo por apoyarlo es también descriptible. Dijimos que no entonces y hoy nos reiteramos en la misma posición.

La Razón, 12 de noviembre de 2009

FÁTIMA Y LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN

Estos días son numerosísimos los reportajes y entrevistas de todo tipo que glosan los acontecimientos que llevaron, hace veinte años, a la caída del Muro de Berlín.

Entre tan exhaustiva información, se narra la cronología de los hechos y se analiza el porqué de los mismos. Sin embargo, no he encontrado una respuesta convincente a la pregunta que, entiendo, fundamental: ¿cómo es posible que todo un Imperio como el soviético, colosal en superficie, en habitantes y en potencial militar, se desintegrara sin que mediara ni una guerra, ni batalla y ni siquiera un sólo tiro entre los dos bloques que ese Muro separaba?

Esta pregunta tiene, si cabe, más sentido si recordamos cómo el comunismo conquistó Rusia tras una cruenta revolución –la bolchevique, iniciada en 1917-, y cómo sofocó y reprimió con tanques las insurrecciones de 1953 en la RDA, de 1956 en Hungría, de 1968 en Checoslovaquia o de 1970 en Polonia. ¿Qué sucedió para que nada de eso ocurriera en 1989 y que se precipitara, de esa forma, el principio del fin de la Unión Soviética y, con ella, del comunismo en las quince repúblicas que la integraban y en todos los países satelizados del centro de Europa?

Helmut Kohl se ha aproximado a la respuesta al decir que no encuentra una imagen mejor para describir la situación vivida en aquellos días que citar a Otto von Bismark: “cuando el manto de Dios pasa por la historia, hay que saltar y agarrarse a él”.

Pues bien, yo quiero referirme al paso de “ese manto de Dios” que señala el entonces Canciller alemán ¿Hay respuesta al porqué de ese paso? Pienso que sí y la respuesta –también desde la historia y la razón-, tiene un nombre: Fátima.

Soy plenamente consciente de que en una sociedad profundamente secularizada y racionalista puede sonar a provocador introducir esta variable –Fátima-, en el debate a la hora de buscar una explicación o una hipótesis de trabajo, que aporte más luz al misterio que rodea las extraordinarias circunstancias en que se produjo la caída del Muro.

El 13 de mayo de 1917, tres sencillos y analfabetos niños de la aldea de Fátima reciben una visita sorprendente: una “mujer vestida de sol”, que resultaría ser la Virgen, se les aparecerá en la Cova de Iria y les hablará de la “conversión de Rusia”. Para ello, el Papa deberá realizar la “consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, en comunión con todos los obispos del mundo”.

Hay que tener muy en cuenta que, por “Rusia”, en el contexto del mensaje de Fátima, se entiende una referencia geográfico-temporal al régimen ateo y anticristiano que allí se impondrá: en octubre de ese año, 1917, -el “octubre rojo”-, la revolución bolchevique tomará el Palacio de Invierno. Por tanto, la promesa de la Virgen sobre la “conversión de Rusia” ha de entenderse como la desaparición de ese régimen político. No es de extrañar, por tanto, que desde la izquierda en general y muy en particular por la cultura marxista predominante el pasado siglo, se descalificara todo lo relativo a Fátima de forma absoluta.

Tanto Pío XII como Pablo VI, en 1942 y 1967, dieron cumplimiento a la petición, aunque de forma incompleta pues faltaba el requisito de que la citada consagración debía efectuarse “en comunión con todos los obispos del mundo”.

Fue determinante el atentado que Juan Pablo II sufrió en la Plaza de San Pedro “precisamente” el 13 de mayo de 1981, fiesta de la Virgen de Fátima, para que realizara la consagración en plenitud. Este hecho marcó un antes y un después en su pontificado. Desde el Policlínico Gemelli, el Papa afirmó que “una mano había disparado el arma y otra mano había guiado la bala”. Desde allí mismo, ingresado, manifestó su voluntad de efectuar la consagración pedida.

Tras viajar a Fátima el 13 de mayo de 1982 y manifestarle sor Lucia –la principal de los tres videntes-, que seguía faltando el requisito de la unión con todos los obispos, el Papa se dirigió personalmente a todo el episcopado mundial. El domingo, 25 de marzo de 1984, en una ceremonia cargada de solemnidad y dramatismo, en la Plaza de San Pedro, abarrotada de fieles y ante la imagen traída ex profeso desde allí, Juan Pablo II realizó la consagración pedida. Impresiona ver las imágenes de la grabación de ese acto, ciertamente histórico.

Resulta “llamativa” la relación de hechos que se produjeron a partir del anuncio público de la consagración: tres Secretarios Generales del PCUS fallecen, sucesivamente, en muy breve espacio de tiempo: Brezhnev, Andropov y Chernenko. Luego, aparece en escena Gorbachov, quien dos años después de la consagración, era recibido por el Papa en su condición de Secretario General del PCUS. Era el primer dirigente de este nivel que pisaba el Vaticano.

El propio Gorvachov acaba de comentar al respecto que el continuando debilitamiento del liderazgo en la URSS por esos sucesivos fallecimientos fue decisivo para que la Perestroika se pudiera poner en marcha. Podemos recordar, también, que uno de las acepciones de “perestroika” es “conversión”.

Sólo falta añadir que tras la caída del Muro el proceso de descomposición de la URSS se precipitó de manera continuada. Dos años después, en 1991, el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, junto a los Presidentes de Bielorrusia y Ucrania, certificaron la defunción oficial de la URSS: era el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Resuenan los ecos de las palabras que, según consta en la documentación oficial, la Virgen le dirigió a sor Lucia: “… al final, el Papa me consagrará Rusia… y mi Inmaculado Corazón triunfará”. Pocos días después, el presidente Gorbachov dimitió: tras setenta años de comunismo, la bandera de la hoz y el martillo era arriada del Kremlin. Era el día de Navidad de 1991.

No debe sorprender, pues, que el Papa Juan Pablo II, el 13 de mayo de 2000, al proceder en Fátima a la beatificación de dos de los tres pastorcillos, ante un millón de personas, entre ellas la misma sor Lucia, diera públicamente las gracias a la Virgen “porque su mano, sin duda, había guiado todos estos acontecimientos extraordinarios vividos”. Tampoco debe sorprender que allí, en la explanada del santuario de Fátima se encuentre un trozo del muro de Berlín con una significativa inscripción.

La Santa Sede ya ha hecho público que Benedicto XVI irá el próximo 13 de mayo a Fátima.

Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados

La Razón, 7 de noviembre de 2009

UNA SENTENCIA CONTRA EUROPA

La sentencia del Tribunal de Estrasburgo prohibiendo la presencia del crucifijo en los colegios públicos de Italia es una decisión de extraordinaria importancia para toda Europa. No es un hecho aislado ni es una decisión simbólica. Por el contrario, expresa la culminación de todo un proyecto político y cultural de construcción de una Europa laica alejada de toda dimensión espiritual o trascendente y que encuentra su fundamento en la Modernidad surgida de la Revolución francesa.

Fueron, conviene no olvidarlo, humanistas cristianos como De Gasperi, Monnet o Adenauer los padres fundadores de esta Europa que al renegar ahora de sus raíces cristinas se ha convertido en un proyecto sin identidad. Un ejemplo evidente de ello lo tenemos en Francia que al organizarse como una republica laicista anda desorientada en busca de una identidad pérdida que ahora quiere reencontrar el Presidente Sarkozy. No tuvo esa duda De Gaulle que la entendió reflejada en la Cruz de Lorena…

En cuanto a España, el CIS nos acaba de recordar que el 77% de los españoles se definen a si mismo como católicos frente a un 20% de agnósticos y ateos. ¿Bajo qué principio democrático el 20% se impone al 77% para retirar crucifijos? Una cosa es que se deban respetar las minorías y otra muy distinta es que la minoría imponga sus tesis a la mayoría. Eso no es fruto de la democracia ni de la tolerancia. Es consecuencia del sectarismo e intolerancia de una minoría frente a la tibieza y debilidad de una mayoría que no solo no sabe defender sus derechos sino que, lo que es peor, no defiende sus convicciones. Si es que las tiene.

Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados