Comisión de Educación, Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2011
COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN, PARA INFORMAR SOBRE LA SUBVENCIÓN OTORGADA A LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA PARA EL DICCIONARIO BIOGRÁFICO ESPAÑOL (Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds)
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, en primer lugar, va a intervenir el señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Quiero fijar brevemente la posición de mi grupo en relación con la petición de comparecencia del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a las subvenciones concedidas para la edición del Diccionario Biográfico Español. Agradezco al señor ministro su presencia y, en lo que hace referencia a la parte que me compete más directamente, también sus explicaciones.
Yo era en julio del 99 secretario de Estado de Educación, Universidades e Investigación, y por tanto, evidentemente, sé muy bien de lo que estamos hablando y comparto plenamente lo que ha dicho el señor ministro en cuanto a aquel convenio que entonces fijó el Ministerio de Educación y Cultura con la Real Academia de la Historia para poder llevar a cabo una obra de esa envergadura, el Diccionario Biográfico Español, con esas partidas presupuestarias, que nos ha recordado el ministro y que se alargaban en un periodo de ocho años a razón de 100 millones de pesetas anuales. Después, considerando sin duda el Gobierno de la época entonces, en el año 2004, que el objeto del convenio merecía ser prorrogado, pues así lo hizo, y no solo por medio del Ministerio de Educación sino también por medio del Ministerio de Industria. Es evidente que, como no podría ser de otra manera, el Gobierno en general y el Ministerio de Educación y el ministro en particular, en esta materia como en cualquier otra, pero en esta en concreto, sabe regirse muy estrictamente por lo que el ordenamiento jurídico determina. Y conviene recordar, porque se han dicho aquí algunas cosas que no le oculto que me preocupan desde un punto de vista democrático y de lo que es la concepción de un Estado democrático, conviene recordar algunos artículos de la Constitución porque, aunque no dudo que son conocidos, parece que algunos los han olvidado. El artículo 20 de la Constitución tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Se reconocen y protegen los derechos: 1. a) a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; b) a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; c) a la libertad de cátedra –sigue-. El apartado 2 del artículo 20, que sin duda el señor ministro conoce muy bien, pero no sé si otros intervinientes lo conocen tan bien: El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Esto es lo que distingue a una democracia de una dictadura, por ejemplo, entre otras cosas. Cuando dice que no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, quiere decir que si hay financiación pública para expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, eso no da derecho a que haya censura previa. Si dice que es un derecho que no puede ser sometido a ningún tipo de censura previa, la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, quiere decir que, si hay subvención pública, no hay derecho a que haya censura previa, etcétera.
En caso contrario nos encontraríamos, por ejemplo, con la libertad de cátedra, que también está reconocida en el artículo 20 de la Constitución. Es decir, como las universidades públicas tienen subvenciones públicas, la libertad de cátedra estaría condicionada a que los catedráticos y las universidades tuviesen financiación pública, algo que sé que en el ánimo del ministro no está en absoluto, pero que en la lógica del discurso de algunos a los que he escuchado parecería que sí. O, por ejemplo, las subvenciones al cine. ¿Qué pasa, que como los guiones tienen financiación pública han de pasar por censura previa? Hay que ser muy serios en estas cosas. Tengo la impresión de que el señor ministro ha sido serio, pero, repito, creo que otras intervenciones son muy poco serias. Podemos estar de acuerdo en que en el diccionario biográfico español, que en los veinticinco tomos ya alcanza más de 20.000 biografías, haya entradas poco afortunadas -vamos a calificarlo así, y por cierto no solo es una; yo me he leído unas cuantas, que evidentemente no tienen el relieve público de aquella entrada en la que todos estamos pensando y por la que estamos aquí-, pero hay algunas, que si empezamos a abrir el criterio de lo que nos gusta o no nos gusta, o lo que es o no es ecuánime, podríamos aplicar aquello de que entre todos la mataron y ella sola se murió -me refiero al diccionario biográfico español-; cosa que posiblemente a algunos les encanta o les encantaría. Algunas críticas no están exentas precisamente de la aportación que a la cultura española, a la historia española, a la identidad histórica de España, significa el diccionario biográfico español. Repito, con independencia de que haya entradas que podamos no compartir o disentir y puedan gustarnos poco o nada. Termino diciendo que en todo caso es evidente que, como decía al principio, el ministro se ha de mover, como no puede ser de otra manera, en el ordenamiento jurídico. He citado el constitucional, si nos vamos al más aproximado, mencionaré el real decreto que firmó precisamente el señor ministro, don Ángel Gabilondo Pujol, el 17 de septiembre de 2010 en relación con el Instituto de España, donde establece la relación del Gobierno, a través del Ministerio de Educación, con las reales academias que integran el Instituto de España. Si hablamos de los estatutos de la Real Academia de la Historia, conviene recordar que no son del siglo XIX los ya vigentes, sino que son de enero de 2009. Por tanto, hablar de estatutos democráticos y demás es, como mínimo, poco respetuoso no ya con el Gobierno, sino en este caso con los académicos, con el Instituto de España y con esas reales academias.
La Real Academia de la Historia ha acordado crear una comisión permanente integrada por historiadores de reconocido prestigio. Por cierto, unos pertenecientes a la academia; algún otro, como el señor Fussi, no perteneciente a la academia y no dudoso porque fue director -y lo digo sin ninguna segunda intención- de la Biblioteca Nacional con los gobiernos de don Felipe González. Es una comisión permanente que tiene por misión la de revisar aquellas entradas que puedan apartarse de ese rigor y ecuanimidad a la que en el convenio suscrito en el año 1999 venía obligada la Real Academia de la Historia, en el bien entendido que bajo ningún concepto, -como sabe muy bien el señor ministro, pero parece que no saben otros que han intervenido y que ahora no están presentes- los propios estatutos de la Real Academia de la Historia impiden la censura previa y son responsables de las entradas y de las biografías los que han hecho esas biografías, no la academia, que además reproduce en cada uno de los tomos y en cada una de las biografías la expresión de que la academia no se hace responsable ni hace suyos los contenidos, sino que el responsable de cada biografía es el autor. Entiendo que lo que procede es dejar, con el respeto que la Constitución nos exige, trabajar a esa comisión permanente que ha creado la Real Academia de la Historia y recordar que los tiempos de la censura previa pertenecen a otros tiempos, en los que no estamos. Algunos, en base a la dictadura de lo histórico y políticamente correcto, parece que les gustaría subordinar la libertad de opinión, la libertad de cátedra, la libertad de creación literaria, de investigación científica a lo políticamente correcto, teniendo presente que quien determina, quien juzga lo que es política o históricamente correcto son ellos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, en primer lugar, va a intervenir el señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Quiero fijar brevemente la posición de mi grupo en relación con la petición de comparecencia del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a las subvenciones concedidas para la edición del Diccionario Biográfico Español. Agradezco al señor ministro su presencia y, en lo que hace referencia a la parte que me compete más directamente, también sus explicaciones.
Yo era en julio del 99 secretario de Estado de Educación, Universidades e Investigación, y por tanto, evidentemente, sé muy bien de lo que estamos hablando y comparto plenamente lo que ha dicho el señor ministro en cuanto a aquel convenio que entonces fijó el Ministerio de Educación y Cultura con la Real Academia de la Historia para poder llevar a cabo una obra de esa envergadura, el Diccionario Biográfico Español, con esas partidas presupuestarias, que nos ha recordado el ministro y que se alargaban en un periodo de ocho años a razón de 100 millones de pesetas anuales. Después, considerando sin duda el Gobierno de la época entonces, en el año 2004, que el objeto del convenio merecía ser prorrogado, pues así lo hizo, y no solo por medio del Ministerio de Educación sino también por medio del Ministerio de Industria. Es evidente que, como no podría ser de otra manera, el Gobierno en general y el Ministerio de Educación y el ministro en particular, en esta materia como en cualquier otra, pero en esta en concreto, sabe regirse muy estrictamente por lo que el ordenamiento jurídico determina. Y conviene recordar, porque se han dicho aquí algunas cosas que no le oculto que me preocupan desde un punto de vista democrático y de lo que es la concepción de un Estado democrático, conviene recordar algunos artículos de la Constitución porque, aunque no dudo que son conocidos, parece que algunos los han olvidado. El artículo 20 de la Constitución tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Se reconocen y protegen los derechos: 1. a) a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; b) a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; c) a la libertad de cátedra –sigue-. El apartado 2 del artículo 20, que sin duda el señor ministro conoce muy bien, pero no sé si otros intervinientes lo conocen tan bien: El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Esto es lo que distingue a una democracia de una dictadura, por ejemplo, entre otras cosas. Cuando dice que no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, quiere decir que si hay financiación pública para expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, eso no da derecho a que haya censura previa. Si dice que es un derecho que no puede ser sometido a ningún tipo de censura previa, la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, quiere decir que, si hay subvención pública, no hay derecho a que haya censura previa, etcétera.
En caso contrario nos encontraríamos, por ejemplo, con la libertad de cátedra, que también está reconocida en el artículo 20 de la Constitución. Es decir, como las universidades públicas tienen subvenciones públicas, la libertad de cátedra estaría condicionada a que los catedráticos y las universidades tuviesen financiación pública, algo que sé que en el ánimo del ministro no está en absoluto, pero que en la lógica del discurso de algunos a los que he escuchado parecería que sí. O, por ejemplo, las subvenciones al cine. ¿Qué pasa, que como los guiones tienen financiación pública han de pasar por censura previa? Hay que ser muy serios en estas cosas. Tengo la impresión de que el señor ministro ha sido serio, pero, repito, creo que otras intervenciones son muy poco serias. Podemos estar de acuerdo en que en el diccionario biográfico español, que en los veinticinco tomos ya alcanza más de 20.000 biografías, haya entradas poco afortunadas -vamos a calificarlo así, y por cierto no solo es una; yo me he leído unas cuantas, que evidentemente no tienen el relieve público de aquella entrada en la que todos estamos pensando y por la que estamos aquí-, pero hay algunas, que si empezamos a abrir el criterio de lo que nos gusta o no nos gusta, o lo que es o no es ecuánime, podríamos aplicar aquello de que entre todos la mataron y ella sola se murió -me refiero al diccionario biográfico español-; cosa que posiblemente a algunos les encanta o les encantaría. Algunas críticas no están exentas precisamente de la aportación que a la cultura española, a la historia española, a la identidad histórica de España, significa el diccionario biográfico español. Repito, con independencia de que haya entradas que podamos no compartir o disentir y puedan gustarnos poco o nada. Termino diciendo que en todo caso es evidente que, como decía al principio, el ministro se ha de mover, como no puede ser de otra manera, en el ordenamiento jurídico. He citado el constitucional, si nos vamos al más aproximado, mencionaré el real decreto que firmó precisamente el señor ministro, don Ángel Gabilondo Pujol, el 17 de septiembre de 2010 en relación con el Instituto de España, donde establece la relación del Gobierno, a través del Ministerio de Educación, con las reales academias que integran el Instituto de España. Si hablamos de los estatutos de la Real Academia de la Historia, conviene recordar que no son del siglo XIX los ya vigentes, sino que son de enero de 2009. Por tanto, hablar de estatutos democráticos y demás es, como mínimo, poco respetuoso no ya con el Gobierno, sino en este caso con los académicos, con el Instituto de España y con esas reales academias.
La Real Academia de la Historia ha acordado crear una comisión permanente integrada por historiadores de reconocido prestigio. Por cierto, unos pertenecientes a la academia; algún otro, como el señor Fussi, no perteneciente a la academia y no dudoso porque fue director -y lo digo sin ninguna segunda intención- de la Biblioteca Nacional con los gobiernos de don Felipe González. Es una comisión permanente que tiene por misión la de revisar aquellas entradas que puedan apartarse de ese rigor y ecuanimidad a la que en el convenio suscrito en el año 1999 venía obligada la Real Academia de la Historia, en el bien entendido que bajo ningún concepto, -como sabe muy bien el señor ministro, pero parece que no saben otros que han intervenido y que ahora no están presentes- los propios estatutos de la Real Academia de la Historia impiden la censura previa y son responsables de las entradas y de las biografías los que han hecho esas biografías, no la academia, que además reproduce en cada uno de los tomos y en cada una de las biografías la expresión de que la academia no se hace responsable ni hace suyos los contenidos, sino que el responsable de cada biografía es el autor. Entiendo que lo que procede es dejar, con el respeto que la Constitución nos exige, trabajar a esa comisión permanente que ha creado la Real Academia de la Historia y recordar que los tiempos de la censura previa pertenecen a otros tiempos, en los que no estamos. Algunos, en base a la dictadura de lo histórico y políticamente correcto, parece que les gustaría subordinar la libertad de opinión, la libertad de cátedra, la libertad de creación literaria, de investigación científica a lo políticamente correcto, teniendo presente que quien determina, quien juzga lo que es política o históricamente correcto son ellos.
entrada de Jorge Fernández Díaz @ 10:29 a. m.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio